La Comisión de Investigación de la ONU concluyó que las fuerzas de seguridad israelíes han llevado a cabo actos que han derivado en genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en la Franja de Gaza. El documento sostiene que la magnitud y el carácter sistemático de los ataques contra menores de edad —incluyendo el uso de francotiradores y ataques a infraestructura esencial como hospitales pediátricos— forman parte de una táctica dirigida a socavar la supervivencia y el futuro del pueblo palestino. En contrapartida, el Gobierno de Israel rechazó el informe de forma categórica, calificándolo de «farsa difamatoria» y acusando al panel de ignorar el contexto de legítima defensa frente a Hamás.
El panel de expertos detalla en su reciente presentación que los ataques no se limitan a daños colaterales, sino que existen motivos razonables para considerar que hay una intención deliberada de destruir a la población civil infantil. El informe subraya el uso de armas de alto impacto contra campamentos de desplazados, escuelas y edificios residenciales, además de documentar casos de detención y tortura de adolescentes varones, así como violencia sexual bajo custodia. Paralelamente, se acusa al Estado israelí de utilizar el hambre como «método de guerra» mediante restricciones sistemáticas a la entrada de ayuda humanitaria, lo que ha provocado niveles críticos de desnutrición aguda y crónica entre los menores gazatíes.
La Comisión Internacional Independiente también incluyó en sus señalamientos la situación en la Cisjordania ocupada, indicando que las autoridades israelíes son legalmente responsables de la falta de protección hacia los niños frente a las acciones de soldados y colonos. Para Srinivasan Muralidhar, presidente de la comisión, la supervivencia de los niños palestinos es un eje ineludible del derecho a la libre determinación de su pueblo; por lo tanto, cualquier ataque contra la infancia es, en esencia, un sabotaje a la capacidad de existencia de la sociedad palestina a largo plazo.
Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel desestimó la validez del texto, asegurando que el mecanismo está «fundamentalmente viciado» y que su único propósito es vilipendiar al país sin buscar la verdad. Las autoridades israelíes reiteraron que sus operaciones militares se conducen estrictamente bajo el derecho internacional, apuntando que el informe omite el papel de Hamás en el uso de escudos humanos y la brutalidad de los ataques del 7 de octubre de 2023. Mientras tanto, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) mantiene bajo análisis una demanda por genocidio presentada por Sudáfrica, un proceso jurídico que promete ser prolongado y cuya resolución final aún parece lejana.
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