Seis diputados de la derecha dura presentaron un proyecto para modificar el procedimiento de interrupción del embarazo. El Gobierno se mostró en desacuerdo con la iniciativa, mientras organizaciones sociales y feministas expresaron su rechazo y advirtieron sobre sus posibles consecuencias.
La asunción del presidente ultraderechista José Antonio Kast volvió a poner en el centro del debate en Chile la discusión sobre el aborto, uno de los temas que genera fuertes divisiones en la sociedad. En medio de una creciente polémica, un proyecto de ley propone obligar a las mujeres a escuchar los latidos del feto antes de someterse a una interrupción del embarazo, una práctica que actualmente está despenalizada de manera parcial en el país.
La iniciativa fue presentada por seis diputados pertenecientes a los partidos Republicano, fundado por Kast, Renovación Nacional y Nacional Libertario, todos de derecha dura. El proyecto fue denominado “Escuchar mi corazón”.
“Esperamos que el presidente de la República y el Gobierno den su apoyo a una iniciativa que lo único que busca es salvar vidas”, sostuvo su impulsor, el diputado libertario Cristóbal Urruticoechea.
Sin embargo, el Gobierno se mostró reticente a involucrarse en la discusión, apenas cinco meses después del inicio de su gestión y en un contexto de baja popularidad según distintos sondeos. Esto ocurre pese a la postura histórica de Kast en contra del aborto.
Mientras tanto, organizaciones sociales y movimientos feministas manifestaron su preocupación y se declararon en alerta frente al avance de la propuesta.
“El proyecto ‘Escucha mi corazón’ es cruel, por decir lo menos. Impone a las mujeres una barrera inhumana para acceder a una prestación garantizada por ley”, afirmó a TN la vocera de la Coordinadora Feminista 8M, Laura Manzi Araneda.
¿En qué casos está permitido abortar en Chile?
En Chile, la interrupción del embarazo está permitida desde 2017 únicamente bajo tres causales: cuando está en riesgo la vida de la madre, ante una situación de inviabilidad fetal o cuando el embarazo es consecuencia de una violación.
El nuevo proyecto pretende modificar el artículo 119 del Código Sanitario, que establece las normas relacionadas con el procedimiento de interrupción del embarazo.
Si la propuesta fuera aprobada por el Congreso, las mujeres que decidieran someterse a un aborto deberían escuchar previamente los latidos del feto.
En caso de negarse a hacerlo, el médico no podría realizar la intervención.
Desde el Gobierno, la ministra de Salud, May Chomali, se distanció de la iniciativa y cuestionó su fundamento.
“No entiendo cuál es el sentido. Científicamente no hay sentido que la mujer vaya a cambiar de decisión. No existe, y hemos buscado, evidencia científica de que un acto como ese pueda reducir la probabilidad de que la mujer quiera hacerse un aborto”, afirmó en declaraciones a Tele13 Radio.
Kast, por su parte, evitó involucrarse directamente en la polémica. Durante la campaña había prometido no impulsar una “batalla cultural” y había señalado que concentraría su gestión en dos de las principales preocupaciones de la sociedad: la delincuencia y la economía.
En un escenario de baja aprobación en los sondeos, la discusión sobre el aborto podría profundizar la polarización y sumar nuevas críticas hacia el Gobierno.
Desde la Iglesia Católica, el arzobispo de Santiago, cardenal Fernando Chomali, reiteró su rechazo a cualquier forma de aborto. Al mismo tiempo, manifestó su preocupación por la división que generó la iniciativa.
“Me duele que una iniciativa de este tipo haya causado una división, una polarización y una ira impresionante”, afirmó.
El cardenal también cuestionó la participación de médicos en procedimientos de aborto y planteó que, en lugar de imponer la escucha de los latidos fetales a las mujeres, deberían ser los propios profesionales de la salud quienes recibieran ese mensaje.
“Escucha mi corazón” versus “Escucha mi decisión”
La discusión rápidamente trascendió el Congreso y llegó a las calles. El proyecto impulsado por sectores de la ultraderecha chilena provocó fuertes cuestionamientos entre sectores progresistas.
La semana pasada, miles de mujeres se manifestaron en Santiago y otras ciudades del país bajo las consignas “Escucha mi corazón” y “Escucha mi decisión”.
Manzi Araneda sostuvo que el oficialismo busca condicionar las libertades individuales a partir de su propia concepción moral.
“El oficialismo intenta condicionar nuestras libertades a su moral. Una moral contradictoria, por lo demás: se dicen provida, pero nos niegan acceso a sala cuna universal o a jornadas laborales que permitan el cuidado”, afirmó.
La referente de la Coordinadora Feminista 8M también consideró que la iniciativa forma parte de una discusión cultural más amplia.
“Esta es una ley que, si bien no fue presentada por el gobierno, es claro que es parte del mismo proyecto cultural. Buscan reducir al mínimo las posibilidades de una vida digna”, sostuvo.
Además, recordó las movilizaciones realizadas el viernes 31 de julio y aseguró que el movimiento feminista continuará reclamando por una ampliación de los derechos vinculados con la interrupción del embarazo.
“Fuimos miles en las calles de todo el país diciendo: vamos por más. Es por esto que el proyecto no avanzará, porque las mujeres y personas gestantes no permitiremos que iniciativas como esta sean viables. Nosotras lo hemos dicho por años y lo seguiremos diciendo, Chile necesita aborto legal, seguro y gratuito”, expresó.
Por su parte, Andrea Sato, investigadora de la Fundación SOL, sostuvo que los impulsores del proyecto argumentan que la medida busca reforzar el consentimiento informado de las mujeres y de las personas gestantes.
Sin embargo, cuestionó ese fundamento y señaló que la propuesta no incorporaría nueva información médica ni mejoraría la capacidad de decisión de quienes atraviesan el procedimiento.
“Lo que hace es introducir una carga emocional en un momento de alta vulnerabilidad”, explicó Sato, quien consideró que la medida convertiría un derecho garantizado por ley en una experiencia de presión y, en muchos casos, de revictimización.
La investigadora también señaló que la iniciativa debe interpretarse dentro de una visión conservadora que cuestiona la autonomía de las mujeres y busca recuperar una concepción de la maternidad como destino inevitable.
En ese sentido, sostuvo que el Estado asumiría un papel tutelar sobre las decisiones reproductivas.
“Obligar a una mujer a escuchar los latidos fetales puede constituir una forma de violencia institucional que transforma un procedimiento de salud en un acto de disciplinamiento moral”, afirmó.
¿Puede avanzar el proyecto?
La derecha cuenta con mayoría en ambas cámaras del Congreso chileno, aunque esa situación no garantiza que una iniciativa de estas características pueda avanzar sin obstáculos, especialmente porque no forma parte de la agenda del Gobierno.
En este escenario, Sato señaló que todavía existe un sector de centro más liberal que no necesariamente acompañaría la propuesta.
“Aún hay un centro más liberal que no tiene sus votos en este proyecto”, advirtió.
Actualmente, la iniciativa se encuentra en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y no tiene carácter de “urgente”.
El debate, de todos modos, volvió a poner sobre la mesa la discusión acerca del alcance de las tres causales vigentes en Chile y la posibilidad de avanzar hacia una legislación que permita la interrupción voluntaria del embarazo sin causales específicas.
“Yo creo que lo interesante de este debate va a ser que se vuelve a reinstalar en Chile que las tres causales para el aborto son insuficientes y que hay que avanzar hacia la garantía de un aborto legal sin causales para el país”, concluyó Sato.
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