La cúpula de la CGT enfrenta un desafío abierto por parte de un bloque de sindicatos que cuestiona la estrategia «dialoguista» frente al gobierno de Javier Milei. Mientras la conducción nacional debate formas de protesta alternativas, los gremios alineados con el «barrionuevismo» rechazan de plano los paros sectoriales y reclaman una medida de fuerza contundente. El conflicto escala no solo por la metodología de protesta, sino por la agobiante situación financiera de las obras sociales, cuya insostenibilidad ha llevado a estos dirigentes a proponer que sea el propio Estado quien asuma el control de los servicios médicos sindicales.
El consenso entre estos 20 sindicatos —entre los que figuran la UTA, La Fraternidad, Gastronómicos y Estaciones de Servicio— se selló este martes durante un encuentro en la sede de UTHGRA. La postura de este bloque es clara: consideran que la cúpula actual de la CGT ha mostrado excesiva tolerancia ante las políticas oficiales. Por ello, desafiando el modelo de protestas escalonadas o «a la francesa» que analiza la mesa chica cegetista, exigen un paro general de 36 horas con movilización a Plaza de Mayo, argumentando que cuentan con el «poder de fuego» necesario —al controlar gremios clave del transporte y servicios— para impactar realmente en la gestión libertaria.
La propuesta sobre las obras sociales representa el punto más disruptivo de la agenda disidente. Ante la imposibilidad fáctica de brindar servicios asistenciales básicos por la caída del poder adquisitivo de los aportes del 9% del salario y el encarecimiento exponencial de las prestaciones médicas, este sector propone que el Estado se haga cargo de su administración. Este pedido expone la «crisis terminal» que el secretario de Acción Social de la CGT, José Luis Lingeri, había advertido meses atrás, y marca un punto de inflexión en la histórica relación entre los sindicatos y sus sistemas de salud, cuya viabilidad se encuentra hoy bajo una presión inédita.
Este jueves, durante la reunión del Consejo Directivo de la CGT, el bloque rebelde llevará formalmente su reclamo y solicitará la convocatoria urgente a un plenario de secretarios generales para definir las medidas a seguir. La mesa chica de la central obrera se encuentra en una encrucijada: buscar un equilibrio interno para evitar la fractura total o ceder ante la presión de los sectores más duros que exigen un cambio radical en la estrategia. La parálisis de las obras sociales y el descontento por las medidas oficiales configuran un escenario de alta volatilidad social que, por ahora, mantiene en vilo la unidad de la principal fuerza gremial del país.
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