A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo extendió la vigencia de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas hasta julio de 2028 o hasta que se cumplan sus metas originales. La decisión llega en un momento clave en el que la administración de Javier Milei busca acelerar los procesos de licitación y traspaso a manos privadas de unas 58 compañías, con la meta de captar fondos millonarios en los próximos dos años.
La continuidad de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria que opera bajo la órbita del Ministerio de Economía fue formalizada mediante el decreto 611, el cual estipula que la Agencia continuará funcionando hasta el 19 de julio de 2028 o hasta finalizar sus cometidos. En los considerandos de la medida se reconoció que el organismo no logró cumplimentar la totalidad de los objetivos planteados en sus dos primeros años de existencia, lo que fundamenta la necesidad de extender su plazo para garantizar la transición y reestructuración del Sector Público Nacional. Al frente del área fue ratificado Diego Chaher, con rango de secretario, mientras que se introdujeron modificaciones en la estructura de colaboradores con la designación de Luciano Masnú Lardet como subtitular y Cristian García como director ejecutivo de Procesos y Privatizaciones.
Junto con la prórroga temporal, la normativa amplió significativamente las competencias del organismo. Además de coordinar las privatizaciones mediante concesión o venta de acciones, la Agencia asumió el ejercicio de la representación societaria del Estado en las 58 firmas donde posee participación accionaria y quedó facultada para controlar la idoneidad de los candidatos propuestos para ocupar cargos en los directorios, una evaluación que deberá realizarse de manera previa a cualquier designación oficial. Este reordenamiento institucional se acopla a las proyecciones financieras presentadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien apunta a recaudar unos US$2300 millones entre lo que resta del año y 2027 a través de la venta de activos estatales.
La hoja de ruta oficial contempla hitos importantes para los próximos meses en el marco del primer mandato libertario. Entre las licitaciones en curso se destaca el proceso de AySA, cuyos sobres con ofertas se abrirán a fines de agosto, y la revisión de pliegos para la privatización del ferrocarril Belgrano Cargas. Asimismo, la Subsecretaría de Energía Eléctrica avanzó con los cambios de titularidad de las centrales termoeléctricas San Martín (Santa Fe) y Manuel Belgrano (Campana) como paso previo a su venta total bajo el paraguas de Enarsa, a lo que se sumará próximamente una nueva etapa en la subasta de siete complejos hidroeléctricos distribuidos en distintas provincias del país.

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