El receso invernal en el Congreso comenzó envuelto en controversia salarial. A raíz de un incremento acumulado del 6,6% acordado para los trabajadores legislativos, las dietas de los integrantes de la Cámara alta treparán hasta los 12 millones de pesos debido a la cuestionada norma de enganche automático. Mientras desde el oficialismo y la oposición evalúan caminos alternativos, distintos legisladores ya anunciaron que renunciarán a la suba en medio de un clima de fuerte ajuste social.
La actualización salarial se desprende del acuerdo paritario firmado el pasado 17 de julio por los secretarios parlamentarios y los gremios APL, ATE y UPCN, que estableció un incremento escalonado del 6,6% (2,4% en junio, 2,2% en julio y 1,9% en agosto). Debido a la resolución aprobada a mano alzada en abril de 2024 —que vincula las dietas de los senadores con los aumentos del personal legislativo mediante un sistema de módulos—, este porcentaje impacta de manera directa en los ingresos de los legisladores, elevando sus haberes hasta los 12 millones de pesos.
Ante la imposibilidad formal de derogar la norma por falta de mayorías legislativas, la única vía disponible para los senadores que rechazan el incremento es la renuncia formal o la donación del monto actualizado. Diversos referentes de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR ya manifestaron que adoptarán esta postura. El senador libertario Luis Juez ratificó que pedirá mantener su dieta congelada, al igual que lo hizo en ocasiones anteriores, señalando que «no son momentos para discutir los salarios de la política». En la misma línea, la radical Carolina Losada confirmó que presentó una nota ante la presidencia del cuerpo para renunciar a los aumentos, detallando que su dieta neta actual se ubica en 7.190.000 pesos. Por su parte, el formoseño Francisco Paoltroni respaldó la decisión de su bloque, aunque advirtió sobre la particularidad de su situación personal debido a embargos judiciales en su provincia.
El contraste con la Cámara de Diputados vuelve a quedar expuesto. En la Cámara baja, donde no rige el sistema de enganche y los incrementos quedan sujetos a la presidencia a cargo de Martín Menem, la dieta en bruto asciende a unos siete millones de pesos, marcando una brecha cercana al 40% respecto a los haberes del Senado. Mientras la discusión por los ingresos de la política continúa generando tensiones internas en el oficialismo y los bloques aliados, la resolución aprobada en aquel breve minuto de 2024 sigue operando de forma automática, manteniendo viva una de las polémicas institucionales más sensibles del año.
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