El mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, oficializó este martes la implementación de un nuevo estado de excepción bajo la figura de «grave conmoción interna», apenas dieciséis días después de que expirara la anterior medida. El decreto alcanza a las provincias de Pichincha, Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Azuay, junto a los municipios de La Maná, Las Naves y La Troncal. El objetivo central es facultar a las fuerzas de seguridad para intervenir con mayores atribuciones en la lucha contra el crimen organizado, que mantiene al país en una situación de alerta permanente.
La normativa establece la suspensión de la inviolabilidad del domicilio, permitiendo que las fuerzas de seguridad realicen ingresos en viviendas privadas ante sospechas de actividades ilícitas. Con este decreto, el Ejecutivo busca «precautelar la protección interna, el restablecimiento, mantenimiento y control del orden público», así como neutralizar estructuras criminales que vulneran los derechos de la población. Esta medida es parte de una estrategia sucesiva de estados de emergencia que Noboa ha aplicado desde que en enero de 2024 declarara formalmente el «conflicto armado interno», catalogando a las bandas delictivas como grupos terroristas.
A pesar de los constantes estados de excepción y la implementación de toques de queda nocturnos aplicados en meses previos, la crisis de inseguridad en Ecuador persiste como un desafío complejo. El país cerró el año 2025 con un récord alarmante de aproximadamente 9.300 homicidios, consolidándose como una de las naciones con la tasa más alta de la región. El presidente, quien recientemente mantuvo reuniones en Washington para coordinar apoyos internacionales en materia de inteligencia y lucha contra el crimen, enfrenta el reto de equilibrar las medidas de fuerza con la necesidad de resultados tangibles que reviertan el avance de la violencia.
La política de seguridad de Noboa se ha caracterizado por una fluctuación en el alcance y la aplicación de estos estados de excepción, adaptándose a las necesidades operativas de las fuerzas de seguridad. Si bien el gobierno defiende que estas herramientas son indispensables para las «operaciones especiales», la reiteración de estas medidas genera un debate público sobre la eficacia de la estrategia frente a la estructura criminal. Mientras tanto, la población en las provincias afectadas permanece bajo estrictos controles, a la espera de que el despliegue militar y policial logre devolver la estabilidad a una nación que atraviesa uno de sus períodos más críticos de la historia reciente.

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