La desintegración del tejido empresarial argentino alcanzó niveles alarmantes: en el último año se perdieron 14.203 empresas empleadoras, totalizando una caída interanual del 2,84%. Según datos del Sistema de Riesgos del Trabajo (SRT), solo en marzo desaparecieron 2.011 compañías, consolidando una tendencia negativa que ya extiende su racha a 25 meses ininterrumpidos. Esta contracción no solo golpea la capacidad operativa del país, sino que se traduce directamente en la destrucción de puestos de trabajo formal: desde el inicio de la gestión actual, se han perdido más de 216.000 empleos privados registrados, dejando al sector pyme al borde de la subsistencia.
El deterioro es transversal a toda la economía formal, pero golpea con mayor severidad a la industria manufacturera y al comercio, que registraron bajas del 4,5% y 3,5% respectivamente. Sectores clave como el agro y la construcción también reportan mermas significativas. En el ámbito metalúrgico, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) advierte que la utilización de la capacidad instalada apenas roza el 39,8%, mientras los empresarios denuncian dificultades para competir con mercados internacionales que subsidian sus exportaciones, sumado a una demanda interna deprimida que impide cualquier atisbo de recuperación.
La distribución territorial revela que la crisis centraliza su impacto en el corazón productivo del país. Buenos Aires, Córdoba, CABA y Santa Fe concentran el 72% de las empresas argentinas y, simultáneamente, explican la gran mayoría de los cierres: solo en suelo bonaerense se perdieron más de 4.300 empresas en un año. Mientras tanto, provincias como La Rioja, Catamarca y Tierra del Fuego sufren las caídas más profundas en términos relativos, dejando a Neuquén como la única jurisdicción que logró un crecimiento marginal durante marzo.
Ante este panorama, entidades como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reclaman medidas urgentes de alivio fiscal, incluyendo la suspensión de embargos y la creación de una moratoria que contemple el elevado stock de deuda pyme. Los empresarios advierten que, sin herramientas de competencia leal y una estructura impositiva más liviana, la informalidad continuará ganando terreno ante la imposibilidad de sostener los costos de la estructura formal. «La naturaleza del sector es pyme de capital nacional; lo último que vamos a hacer es cerrar, no tenemos plan B», sintetizaron desde ADIMRA, ilustrando el agotamiento de una clase empresaria que resiste en un contexto de incertidumbre total.
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