Retroceso en la transparencia: el ICE dejará de informar las muertes de detenidos tras recuperar su libertad

En una decisión que generó un rechazo inmediato de los organismos defensores de los derechos humanos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) anunció la eliminación del protocolo que obligaba a la agencia a investigar y reportar los fallecimientos de personas ocurridos hasta 30 días después de haber egresado de sus centros de detención. La medida, calificada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) como una cuestión de «sentido común», interrumpe una política de rendición de cuentas que buscaba evitar la liberación de individuos en estado crítico para eludir la responsabilidad estatal sobre su desenlace, en un marco donde las cifras de mortalidad bajo custodia federal registran sus niveles más altos de las últimas dos décadas.

La resolución, comunicada a través de un memorando interno por el director interino David Venturella, marca un giro drástico respecto a las prácticas de supervisión vigentes desde 2021, cuando se dispuso el monitoreo obligatorio para garantizar la transparencia en los cuidados médicos provistos por la agencia y sus contratistas. El DHS fundamentó el cambio argumentando que el Estado pierde competencia y responsabilidad sobre los individuos una vez que estos dejan de estar bajo su tutela física, una postura que ha despertado una fuerte controversia en el ámbito legislativo y judicial. La preocupación central de organizaciones como el National Immigration Project y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) radica en la posibilidad de que este vacío normativo incentive la liberación de detenidos con patologías graves o condiciones de salud deterioradas —al borde de la muerte— para que su deceso no compute en los registros oficiales de la agencia, evitando así investigaciones internas y la exposición pública de posibles casos de negligencia médica en centros operados por empresas privadas como GEO Group y CoreCivic.

El panorama de los centros de detención se presenta especialmente crítico bajo la actual administración, con cifras de mortalidad que superan los registros del año precedente y una alarmante tendencia alcista documentada por estudios especializados en la revista Journal of the American Medical Association (JAMA). Según datos reportados, al menos 50 personas fallecieron desde el inicio de la actual ofensiva migratoria, con 18 de estos casos concentrados únicamente en lo que va de 2026. Los defensores de los migrantes señalan que esta opacidad no es un fenómeno aislado, sino la profundización de un sistema que, de manera recurrente, se niega a divulgar información técnica crucial —como la disponibilidad de personal médico o los protocolos de atención— frente a los requerimientos de la prensa y de los entes fiscalizadores del Congreso. Casos emblemáticos como el de Martin Vargas Arellano, quien perdió la vida tras contraer Covid-19 en un centro privado y ser liberado días antes de su fallecimiento, se han convertido en el foco de demandas civiles que cuestionan si la falta de supervisión sobre los protocolos de salud constituye una falla sistemática por parte de los operadores privados.

La eliminación de este requisito de reporte representa, para los analistas de políticas públicas, un paso hacia un sistema de detención aún más impermeable a la fiscalización externa. La administración de Donald Trump ha sido señalada repetidamente por bloquear las investigaciones del poder legislativo sobre la gestión de la agencia, lo que complica la labor de abogados y especialistas médicos al intentar establecer responsabilidades claras frente a muertes que, en múltiples reportes, fueron calificadas como evitables. Mientras el ICE reafirma su compromiso con la transparencia en los fallecimientos que ocurren estrictamente dentro de sus instalaciones, la desaparición del estándar de 30 días posteriores a la liberación genera incertidumbre sobre el verdadero costo humano de las actuales políticas migratorias y limita severamente la capacidad de los organismos de control para auditar qué sucedió realmente durante los periodos de reclusión.