Diputados de La Libertad Avanza y el PRO presentaron un proyecto de ley para eliminar la obligatoriedad de los octógonos negros en los alimentos. Argumentan que la norma vigente es ineficaz, genera confusión y traba el comercio, proponiendo en su lugar unificar los criterios de envasado con el Mercosur.
El Poder Ejecutivo nacional intenta consolidar el impulso político obtenido en el ámbito parlamentario reorientando su agenda legislativa hacia la eliminación de regulaciones comerciales y de consumo masivo instaladas en los últimos años. Luego de una semana considerada exitosa en el Congreso tras asegurar la sanción de la denominada Ley Hojarasca y la modificación estructural sobre el régimen de subsidios de Zonas Frías, las bancadas oficialistas y sus aliados más cercanos unificaron posiciones para avanzar en la derogación definitiva de la Ley de Etiquetado Frontal. Esta normativa, que rige el empaquetado de productos alimenticios y bebidas no alcohólicas en el territorio nacional, obliga a las empresas del sector a exhibir octógonos negros de advertencia en los frentes de los envases para alertar a los consumidores sobre los excesos de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías basándose en el perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud.
La iniciativa parlamentaria tendiente a borrar del mapa normativo este sistema de advertencias es impulsada de manera conjunta por los diputados nacionales Daiana Fernández Molero, perteneciente al bloque del PRO, y Alejandro Bongiovanni, de las filas de La Libertad Avanza, quienes contarán además con el respaldo logístico de un proyecto complementario que ya diseña la Jefatura de Gabinete. En los fundamentos de la presentación judicial y legislativa, los legisladores oficialistas apuntaron que, a más de cuatro años de la implementación del etiquetado, ninguno de los propósitos sanitarios o educativos originales fue alcanzado de manera satisfactoria. Según el texto ingresado a la Cámara Baja, el diseño técnico actual resulta deficiente debido a que desincentiva la inversión productiva de las empresas alimenticias, obstaculiza el comercio exterior y genera confusión en el consumidor en lugar de educarlo, postulando que la derogación legislativa es la única vía jurídica para otorgar previsibilidad a productores y exportadores.
El nuevo esquema de salud alimentaria y comercial que pretende instrumentar la administración central busca desplazar las normativas locales estrictas para unificar criterios con los estándares regionales del Mercosur, facilitando el tránsito de mercaderías e insumos con los países limítrofes, una estrategia alineada con el reclamo histórico de las principales cámaras industriales del país. Sin embargo, la apertura de este debate en las comisiones de la Cámara de Diputados promete despertar fuertes cruces con los bloques opositores y las organizaciones de la sociedad civil vinculadas al derecho a la salud, en un contexto donde el oficialismo busca desviar la atención mediática de los pasillos parlamentarios mientras avanza la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. El desenlace de esta pulseada legislativa determinará un nuevo ordenamiento en las góndolas de los supermercados y comercios de cercanía en toda la provincia de Buenos Aires, donde el impacto visual de los envoltorios sigue siendo un factor decisivo a la hora de la compra diaria.
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