La Casa Rosada flexibilizó su postura intransigente con el propósito de destrabar el tratamiento de la reforma electoral en el Parlamento. Tras un cónclave clave entre el ministro del Interior, Diego Santilli, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el oficialismo habilitó la discusión de cambios sobre el proyecto original y comenzó a estudiar una propuesta de la Unión Cívica Radical (UCR) que transforma a las primarias en una instancia voluntaria para la ciudadanía, buscando blindar los consensos necesarios para salvar el resto del paquete institucional.
La estrategia legislativa de la administración central experimentó un viraje decisivo para evitar el empantanamiento definitivo de uno de sus principales estandartes de gestión. Ante la firme resistencia de las bancadas aliadas de la oposición dialoguista a convalidar la supresión total de las elecciones primarias, el Poder Ejecutivo nacional declaró al proyecto de reforma electoral como la prioridad número uno de su agenda inmediata y habilitó formalmente una mesa de negociación para introducir modificaciones de fondo en el texto normativo. El cambio de rumbo se terminó de consolidar tras una reunión de coordinación política entre el ministro del Interior, Diego Santilli, encargado del vínculo con los mandatarios provinciales, y el presidente de la Cámara baja, Martín Menem. A partir de este acercamiento, el oficialismo abandonó la tesitura del todo o nada y ordenó a sus equipos técnicos analizar en detalle un proyecto alternativo diseñado por el jefe del bloque de senadores de la UCR, Eduardo Vischi, el cual plantea mantener la estructura de las PASO pero eliminando el carácter obligatorio de la votación, un atajo institucional que permitiría destrabar el acompañamiento en bloque del PRO y del radicalismo.
La iniciativa que hoy concita la atención de la Casa Rosada introduce reformas operativas de envergadura, orientadas a disolver la carga pública de asistir a las urnas y a optimizar el gasto de las arcas estatales en procesos de baja competencia real. Entre sus puntos nodales, el texto establece que las primarias dejarán de ser obligatorias para los ciudadanos, suprimiendo cualquier tipo de sanción administrativa, y exime de participar a aquellos partidos políticos que alcancen listas de unidad interna. Asimismo, el esquema prevé un sistema de preinscripción de electores y fija un umbral mínimo de participación del 10% del padrón para habilitar la validez del comicio, permitiendo calibrar la cantidad de mesas de votación según la estimación de concurrencia. La propuesta prohíbe de forma taxativa el desvío de recursos públicos para fines publicitarios, incorpora herramientas digitales como la plataforma «Mi Argentina» para validar identidades bajo la supervisión de la Justicia Electoral Nacional, y concede un beneficio clave a los partidos: permite que el candidato presidencial ganador seleccione a su compañero de fórmula entre cualquiera de los postulantes que hayan competido dentro de su misma coalición.
La flexibilización oficial responde a una necesidad estrictamente matemática, dado que tanto las gobernaciones como los bloques legislativos independientes condicionaban el respaldo al resto del compendio institucional a la preservación de una herramienta que consideran vital para ordenar sus internas partidarias. Al ceder en el capítulo de las primarias obligatorias, el oficialismo busca garantizar la sanción definitiva de otras reformas de alto impacto ético y operativo, entre las que sobresalen el proyecto de Ficha Limpia para inhabilitar candidaturas de personas con condenas penales ratificadas en segunda instancia y las modificaciones estructurales al financiamiento partidario que eliminan los aportes del Estado y quitan el límite a las donaciones privadas. El paquete bajo negociación incluye además el rediseño del sistema de Boleta Única Papel, donde el Ejecutivo accedió a incorporar un casillero opcional para el voto de lista completa, un mecanismo técnico de vital trascendencia para el armado territorial en el caso de que los gobiernos provinciales decidan unificar sus calendarios de votación con el cronograma electoral de la Nación.
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