En una clara señal de ejercicio de su autoridad y poder de policía, la Autoridad del Agua (ADA) bonaerense oficializó un nuevo régimen para regularizar a countries y barrios cerrados que operan al margen de la Ley 12.257. El Estado provincial pone en marcha un sistema de alta de oficio que garantiza la fiscalización técnica y la recaudación automática de cánones por uso de agua y tasas de control de efluentes, marcando un límite a la informalidad administrativa en emprendimientos que explotan el recurso hídrico sin los permisos correspondientes.
La medida, publicada en el Boletín Oficial, dota a la ADA de herramientas concretas para intervenir en un sector que ha crecido de manera exponencial y, en muchos casos, sin las adecuaciones técnicas necesarias para garantizar la sostenibilidad ambiental. Al habilitar el alta de oficio de los usuarios, el Gobierno provincial busca erradicar la discrecionalidad y asegurar que todos los desarrollos inmobiliarios asuman sus obligaciones económicas y técnicas ante la Provincia. Este procedimiento, lejos de ser solo administrativo, constituye una política de ordenamiento territorial que pone al Estado en el centro de la gestión de los recursos estratégicos.
Para los emprendimientos que han operado en la irregularidad, el nuevo esquema establece una fórmula de cálculo basada en indicadores de escala —como la cantidad de unidades funcionales, superficies, piletas y espacios verdes—, lo que permite estimar el consumo real y el volumen de efluentes incluso ante la falta de registros precisos por parte de los desarrolladores. Esta estrategia permite que la autoridad provincial no dependa de la voluntad de las empresas para avanzar en la formalización, sino que imponga el cumplimiento de la norma en defensa del uso equitativo del agua pública.
Desde el Ejecutivo provincial subrayan que esta política responde a la necesidad de armonizar el crecimiento habitacional con el cuidado del medio ambiente y el cumplimiento de las normativas de control. En un contexto donde la gestión del agua es una prioridad estratégica, esta regulación se presenta como un paso clave para ordenar el mapa de los emprendimientos privados en el territorio, obligando a los responsables de estos proyectos a transparentar su actividad ante los organismos de control estatal. La política de la ADA reafirma así la capacidad del gobierno para imponer reglas claras, priorizando el orden administrativo y la protección de los recursos compartidos por todos los bonaerenses.
Más historias
El final de una agonía: renunció Manuel Adorni tras meses de desgaste judicial y político
Las Fuerzas Armadas argentinas ya operan en Venezuela para asistir tras la devastación de los terremotos
La estrategia de la fragmentación: la reaparición de Berni como motor de tensión interna