La Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) condicionó la compra de Telefónica de Argentina por parte de Telecom a una serie de medidas de desinversión que incluyen la cesión de 6 millones de clientes de telefonía móvil y la infraestructura asociada. La resolución busca equilibrar un mercado que, de concretarse la fusión sin restricciones, habría quedado bajo un control excesivo de un solo actor. Además de la cartera de clientes móviles, Telecom deberá resignar usuarios de banda ancha fija en aquellas zonas donde la participación de mercado resultante supere el 50%, restituyendo también 130 MHz de espectro radioeléctrico para permitir el ingreso de nuevos competidores al sector.
El proceso de fusión, anunciado originalmente en febrero de 2025, ha estado marcado por una intensa disputa entre la empresa y el Gobierno, con intervenciones judiciales de por medio. Desde la ANC aseguraron que estas medidas son fundamentales para evitar una posición dominante que perjudique a consumidores y empresas, fijando como objetivo consolidar un ecosistema de telecomunicaciones «abierto, dinámico y competitivo». Como parte de los condicionamientos, la empresa resultante deberá garantizar a un nuevo operador acceso a su infraestructura, sistemas y condiciones de interconexión durante dos años, asegurando la continuidad y calidad del servicio mientras el nuevo actor —que podría ser Claro o incluso nuevos jugadores como Telecentro— desarrolla su propia capacidad operativa.
Desde el lado de Telecom, la reacción fue de fuerte rechazo. La compañía calificó las medidas como «excesivas» y «anticuadas», argumentando que el análisis del Gobierno no contempla la realidad de un mercado globalizado donde la competencia ya no se limita a las operadoras tradicionales, sino que incluye a proveedores de servicios de internet satelital como Starlink y plataformas digitales de contenido (OTTs). Fuentes de la empresa sostuvieron que la propuesta de remediación presentada por ellos, que incluía la cesión de 3 millones de abonados móviles y 100.000 de banda ancha, estaba mejor alineada con los estándares internacionales y la necesidad de escala que requiere la industria para financiar sus inversiones de capital.
La historia de esta operación es extensa y compleja: tras un anuncio que prometía transformar el mapa de las comunicaciones en el país, el Ejecutivo suspendió la compra de manera preventiva en marzo de 2025, argumentando riesgos significativos sobre la competencia. A pesar de que Telecom obtuvo fallos judiciales favorables, la CNDC —antecesora de la actual ANC— mantuvo una postura firme en contra de la concentración. Con la notificación formal de estas condiciones, se abre ahora una nueva etapa de análisis técnico por parte de la compañía, que deberá decidir si los términos impuestos por el Gobierno resultan viables o si la operación, en su forma actual, corre riesgo de caerse definitivamente.
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