Tras intensas negociaciones encabezadas por la líder del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, y el ministro del Interior, Diego Santilli, el oficialismo consiguió evitar una sesión que buscaba forzar la remoción o interpelación de Manuel Adorni. La suspensión de la actividad legislativa en la Cámara Alta otorga al Ejecutivo un respiro político hasta el 2 de julio, fecha programada para el informe de gestión del jefe de Gabinete. Pese a este éxito táctico, la continuidad del funcionario pende de un hilo ante el hartazgo de aliados estratégicos en el PRO y la UCR, quienes reclaman al presidente Javier Milei una decisión firme para evitar que la oposición capture la agenda parlamentaria con mociones de censura.
La tensión ha trasladado su epicentro a la Cámara de Diputados, donde diversos bloques opositores ya preparan iniciativas similares para poner bajo la lupa al jefe de ministros. Mientras en la Casa Rosada sostienen que la permanencia de Adorni es una facultad exclusiva del Presidente, en las provincias crece el descontento. Mandatarios aliados, que mantienen canales de diálogo abiertos con Santilli por cuestiones de gestión y obra pública, han comenzado a marcar distancia, negando haber recibido pedidos de respaldo oficial ante la crisis y advirtiendo que sus legisladores cuentan con total libertad para avanzar según lo consideren oportuno. Esta fragmentación en el frente de apoyo oficialista deja al Gobierno ante el riesgo de perder el control de la situación si la causa judicial por enriquecimiento ilícito presenta nuevos avances.
El frente judicial, radicado en el Juzgado Federal N° 4 a cargo de Ariel Lijo, añade una complejidad adicional. El fiscal Gerardo Pollicita ha solicitado a la Comisión Nacional de Valores (CNV) un informe detallado sobre todas las plataformas de intercambio de criptomonedas operativas en el país desde 2012, buscando verificar la coartada patrimonial presentada por el jefe de Gabinete. Esta profundización en la investigación, que indaga en el origen de los activos declarados, alimenta el clima de desconfianza en el Congreso. Incluso aquellos funcionarios que respaldaban inicialmente al ministro se muestran ahora más cautos, mientras el equipo de Adorni espera el envío de las preguntas de los senadores para preparar el informe de gestión que, en teoría, debería marcar un punto de inflexión en su permanencia.
La postura del Gobierno se mantiene inalterable en su retórica de no ceder ante la presión opositora, pero la realidad parlamentaria es cada vez más estrecha. La negativa de muchos gobernadores y bancadas aliadas a quedar «votando junto al kirchnerismo» ha sido, hasta hoy, el principal escudo de Adorni. No obstante, ese capital político se agota ante la falta de una «salida elegante» que el oficialismo descarta de plano. El horizonte del 2 de julio se presenta, entonces, no solo como una instancia de rendición de cuentas, sino como el límite de tolerancia para un bloque de aliados que prioriza la institucionalidad y la salida de una polémica que, entienden, erosiona la gestión nacional y dificulta la negociación de proyectos esenciales.
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