El gobierno bonaerense ha formalizado la creación del Programa de Infraestructura Sostenible y Resiliente a través de la Resolución 422/26 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.
La iniciativa, que operará sin erogación presupuestaria adicional bajo la órbita de la Subsecretaría de Planificación y Coordinación para el Desarrollo Territorio Sostenible, tiene como objetivo principal integrar los desafíos del cambio climático en todo el ciclo de vida de los proyectos de obra pública. Frente a la «triple crisis global» de contaminación, pérdida de biodiversidad y cambio climático, la Provincia busca implementar un modelo de desarrollo que reduzca la vulnerabilidad de los barrios más expuestos, promoviendo soluciones basadas en la naturaleza y en la infraestructura ecológica como complemento necesario a la infraestructura convencional.
El programa representa un cambio de enfoque estratégico, proponiendo un equilibrio inteligente entre la infraestructura tradicional y las soluciones basadas en la naturaleza, evaluando la viabilidad técnica, económica, social y ambiental de cada proyecto. Esta integración es particularmente crítica en el territorio bonaerense, donde la ubicación de muchos barrios y la falta de servicios adecuados agravan los riesgos ambientales para las poblaciones más vulnerables. Las autoridades provinciales se plantean la meta de desarrollar un modelo integral de infraestructura pública que no solo contribuya a un desarrollo territorial equitativo y a la conservación ambiental, sino que también actúe como un mecanismo eficaz de mitigación y adaptación ante catástrofes naturales cada vez más frecuentes.
La oficialización de este programa bajo la Resolución 422/26 dota a la Subsecretaría de Planificación de un marco normativo para articular estas políticas sin generar costos presupuestarios inmediatos, enfocando los esfuerzos en la readecuación y planificación estratégica de las inversiones ya existentes. Este avance en la planificación territorial busca, en última instancia, fortalecer la resiliencia de la Provincia de Buenos Aires ante los impactos directos del cambio climático, asegurando que las futuras inversiones en obra pública contemplen criterios de sostenibilidad a largo plazo para proteger a la población y preservar el patrimonio ambiental.
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