Bolivia sitiada: bloqueos de rutas e incidentes en La Paz jaquean al gobierno de Rodrigo Paz a seis meses de asumir

La Plaza Murillo fue el epicentro de fogatas, petardos y pintadas que exigen la renuncia del mandatario. Las protestas, que ya llevan tres semanas y provocan desabastecimiento crónico de alimentos y combustibles, son atribuidas por el Ejecutivo a una maniobra desestabilizadora de Evo Morales, quien acaba de ser declarado en rebeldía por la Justicia.

Apenas medio año después de haber asumido la conducción del país, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, enfrenta su primera y más severa crisis política y social. La emblemática Plaza Murillo, en el corazón institucional de La Paz, se convirtió este lunes en el escenario de violentos disturbios que incluyeron fogatas, detonación de petardos y leyendas callejeras que exigen de forma directa la dimisión del jefe de Estado. La convulsión civil, que se inició hace más de veinte días con cortes de rutas estratégicas, mutó en un bloqueo generalizado que mantiene asfixiadas a las principales urbes del territorio boliviano. La parálisis logística ya genera consecuencias dramáticas en la vida cotidiana de la población, registrándose faltantes críticos de productos de primera necesidad, combustibles, insumos médicos y alimentos básicos en los centros de abastecimiento urbanos.

El frente de conflicto está aglutinado por una heterogénea alianza de sectores económicos y organizaciones sociales. Sin embargo, el núcleo duro de las manifestaciones está motorizado por las agrupaciones campesinas y de trabajadores que responden orgánicamente al expresidente Evo Morales (2006-2019). Desde el Palacio Quemado, las autoridades gubernamentales denunciaron de forma sistemática que las movilizaciones no responden a reclamos genuinos, sino a un plan de desestabilización orquestado directamente por Morales y su entorno más cercano para forzar un adelantamiento electoral o la caída del Gobierno. Por su parte, el líder indígena desmintió las acusaciones desde el bastión cocalero del Trópico de Cochabamba, atribuyendo las protestas a la impericia económica de la actual gestión.

La temperatura de la calle se recalentó exponencialmente tras una serie de resoluciones en los tribunales locales. El pasado 11 de mayo, un tribunal de justicia declaró formalmente a Evo Morales en estado de rebeldía, luego de que el exmandatario resolviera no comparecer ante el inicio del juicio oral en su contra por presunto delito de trata agravada de personas. Para las bases del «evismo», la ofensiva judicial configura una persecución política destinada a proscribir a su referente, lo que aceleró la decisión de profundizar los piquetes e intransigencias en las carreteras, transformando una puja de tribunales en un conflicto civil de escala nacional.

Más allá de la lealtad política hacia el exmandatario, las protestas canalizan un malestar profundo y transversal que empieza a permear incluso en el electorado que depositó a Rodrigo Paz en la presidencia a fines del año pasado. Sectores independientes y trabajadores del transporte —golpeados por el fenómeno denominado de la «gasolina basura» y las dificultades operativas— exteriorizan una creciente frustración ante lo que perciben como una alarmante falta de reflejos y rigidez por parte del Ejecutivo para convocar a mesas de diálogo efectivas. Con las principales rutas nacionales bloqueadas y el fantasma del desabastecimiento instalado, el gobierno boliviano afronta horas decisivas para intentar restablecer el orden público sin recurrir a una represión que termine de dinamitar la gobernabilidad.

LAS CLAVES DE LA CRISIS EN BOLIVIA:

• Asfixia urbana: Los bloqueos carreteros se extienden por más de tres semanas, interrumpiendo el flujo de víveres, medicamentos y combustibles a nivel federal.
• Ataque institucional: Las sedes gubernamentales en La Paz sufrieron el asedio de manifestantes que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
• La situación de Evo: El conflicto recrudeció luego de que la Justicia declarara en rebeldía a Morales por faltar a su juicio por trata de personas.
• Descontento social: Las bases que apoyaron electoralmente al actual mandatario expresan decepción ante la falta de respuestas técnicas a sus demandas.