Haití: la violencia de las pandillas desplazó a casi 600.000 personas en el último año

La crisis humanitaria en Haití no da tregua. Según un reciente informe de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la escalada de violencia en Puerto Príncipe y sus alrededores provocó que cerca de 600.000 ciudadanos huyeran de sus hogares durante 2025. Con este incremento del 38%, la cifra total de desplazados internos en el país caribeño trepó a 1,4 millones de personas, una realidad que sitúa a la nación entre los focos de mayor preocupación global para organizaciones como el Comité Internacional de Rescate (IRC).

El reporte anual de tendencias globales de la ACNUR detalla cómo los enfrentamientos territoriales por el control de zonas urbanas, los ataques dirigidos contra civiles y el caos administrativo han fracturado el tejido social haitiano. Aunque países como Sudán, Colombia y Siria lideran las estadísticas mundiales de desplazados, el caso de Haití destaca por la rapidez con la que se ha degradado su seguridad interna. Ante este panorama, en octubre de 2025, el Consejo de Seguridad de la ONU oficializó el despliegue de una Fuerza de Supresión de Pandillas con el objetivo de contener la violencia y proteger a la población civil, que sufre violaciones sistemáticas de derechos humanos y niveles alarmantes de violencia de género.

En la región, el fenómeno del desplazamiento forzado presenta contrastes. Mientras que Colombia mantiene la cifra más alta de América Latina con más de 7,2 millones de desplazados, el IRC advierte que tanto el país sudamericano como Haití enfrentan riesgos críticos para 2026. La organización sostiene que el mundo atraviesa una fase de creciente inestabilidad donde las crisis se propagan a mayor velocidad que la capacidad de respuesta de los sistemas diplomáticos y de ayuda humanitaria internacional. En el caso haitiano, esta vulnerabilidad se agrava por el uso tecnológico en el conflicto: informes señalan que más de 1.200 personas, incluyendo menores de edad, han fallecido en ataques ejecutados mediante drones, una amenaza creciente que permanece escasamente regulada.

El contexto global tampoco es alentador, ya que, aunque la cifra mundial de personas desplazadas alcanzó los 118 millones —cerca de máximos históricos—, la asistencia oficial destinada a los países en conflicto se redujo drásticamente, pasando de representar el 43% de la ayuda al desarrollo en 2013 a apenas un 25% en 2024. Según David Miliband, presidente del IRC, muchos de los aparentes retornos de población hacia zonas de crisis no son una solución, sino un «desplazamiento redoblado» ante la falta de recursos. La comunidad internacional se encuentra ante el dilema de invertir de manera sostenida en las instituciones de estos Estados frágiles o asistir, en silencio, a una degradación que promete consecuencias humanitarias cada vez más profundas.