Desde la Casa Rosada vaticinan una baja convocatoria para la movilización de este miércoles frente al Congreso y aseguran que la protesta se desvirtuó al incluir consignas económicas. En paralelo, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, defendió la gestión oficial destacando una baja en la tasa de criminalidad, mientras que la UFEM y Amnistía Internacional advierten por el desmantelamiento de las políticas de prevención.
En la víspera de una nueva movilización federal del colectivo Ni Una Menos, convocada para este miércoles a las 17 horas en la Plaza del Congreso, la Casa Rosada adoptó una postura de confrontación y minimización frente a la protesta social. A solo cuatro días del aberrante femicidio de Agostina Vega —la adolescente de 14 años asesinada y desmembrada en la provincia de Córdoba, un caso que generó una profunda conmoción nacional—, altas fuentes del Poder Ejecutivo cuestionaron con dureza la «politización» de la marcha, asegurando que los bloques organizadores desvirtuaron el reclamo original por la violencia de género al incorporar consignas partidarias y reclamos contra el endeudamiento financiero. Mientras el oficialismo se jacta de haber reducido los índices delictivos sin la necesidad de sostener estructuras burocráticas específicas, los organismos judiciales de género y las entidades internacionales de derechos humanos advierten que el desmantelamiento total de las herramientas estatales de prevención e asistencia puede desencadenar un peligroso e irreversible retroceso.
La estrategia comunicacional de Balcarce 50 apunta a trazar una estricta línea de demarcación entre el impacto mediático del crimen de Córdoba y la masividad real de la convocatoria en las calles porteñas. «Odian a este Gobierno que es el que más redujo los números de femicidios y sin Ministerio de la Mujer», fustigó en estricto off the record un encumbrado funcionario de la administración libertaria ante los micrófonos de Infobae. En los pasillos presidenciales predomina una mirada escéptica y hasta irónica sobre la marcha: mientras una de las voces operativas del Gabinete admitió haber olvidado la fecha de la concentración, otra se limitó a exigir que la manifestación se desarrolle de forma pacífica y sin incidentes en la vía pública.
Por su parte, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, buscó blindar la gestión oficial respaldándose en las estadísticas criminales del último período. La funcionaria expuso los datos del informe anual de la Corte Suprema de Justicia para ratificar una tendencia a la baja en lo que catalogó técnicamente como «homicidios de mujeres»: detalló que de los 380 casos registrados en 2023 se descendió a 312 en 2024 y a 279 durante 2025. Sin embargo, la terminología oficial generó controversias, dado que de los casos de 2025, 200 fueron tipificados estrictamente por la justicia penal como femicidios directos. Al ser consultada en una entrevista televisiva en A24 conducida por Eduardo Feinmann, Monteoliva reconoció el calvario de Agostina Vega como «espeluznante» y convalidó la calificación de femicidio, aunque introdujo reparos al señalar que la cartera priorizará «conocer la verdad completa» del expediente cordobés antes de emitir conclusiones definitivas.
La lectura optimista del Gobierno respecto de las cifras oficiales fue relativizada de forma inmediata por los sectores técnicos del Poder Judicial. Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), utilizó sus redes sociales para advertir que las variaciones delictivas deben estabilizarse de forma prolongada en el tiempo para hablar de una tendencia real. Labozzetta remarcó la profunda raigambre social del fenómeno femicida y sentenció que «la suspensión o el deterioro de las políticas públicas puede representar un severo retroceso en la eliminación de la violencia».
Cabe destacar que, desde la asunción presidencial de Javier Milei, la arquitectura institucional de género sufrió una disolución total: el Ministerio de las Mujeres creado en 2019 fue degradado inicialmente a Subsecretaría bajo las órbitas de Capital Humano y de Justicia, hasta su eliminación definitiva a mediados de 2024. Actualmente, las únicas funciones operativas de contención se centran de forma dispersa bajo la órbita de las subsecretarías de Acceso a la Justicia y de Derechos Humanos, donde se coordinan el seguimiento inmediato y el acompañamiento territorial a víctimas del delito de trata. Esta drástica reducción presupuestaria y orgánica coincide temporalmente con el impulso legislativo en el Congreso de un proyecto de ley redactado por la senadora Carolina Losada para endurecer drásticamente las penas por «falsa denuncia». Dicha iniciativa colisiona de frente con las métricas presentadas por Amnistía Internacional, cuyo último informe sectorial determinó que las denuncias falsas representan un marginal 0,09% sobre un universo de 8 millones de causas penales, desnudando que el verdadero problema radica en el subregistro: solo el 10% de las víctimas de abuso sexual formaliza el trámite judicial, y apenas el 18% de las mujeres asesinadas contaba con una denuncia previa contra su agresor.
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