El proyecto busca limitar los subsidios a la Patagonia y zonas de alta montaña, afectando a millones de usuarios de la provincia de Buenos Aires que hoy cuentan con el beneficio. Además, el ministro Luis Caputo ya tiene facultades para aumentar recargos en las facturas.
El Gobierno nacional trabaja en un nuevo proyecto de ley energético que promete generar fuertes tensiones con los gobernadores y un impacto directo en el bolsillo de los bonaerenses. La iniciativa apunta a reformular el esquema de «Zona Fría», con el objetivo de reducir drásticamente el universo de hogares que reciben descuentos en sus facturas de gas. De aprobarse, provincias como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe perderían los beneficios fiscales que hoy alcanzan a cerca de la mitad de los usuarios residenciales del país.
La propuesta oficial busca retornar al espíritu original de la ley del año 2002, limitando las compensaciones exclusivamente a la región patagónica, el departamento de Malargüe (Mendoza) y la Puna. Esto implicaría dar marcha atrás con la ampliación sancionada en 2021, que incluyó a la costa atlántica y a casi todo el territorio bonaerense bajo parámetros bioambientales, elevando el número de beneficiarios de 950.000 a 4 millones de hogares.
En paralelo, y mediante un decreto presidencial, el ministro de Economía, Luis Caputo, ya obtuvo facultades para modificar el recargo que financia el Fondo Fiduciario de Zonas Frías. Actualmente, el titular de Hacienda puede elevar este cargo hasta un 11,25% sobre el precio del gas natural. Si bien el impacto técnico en la tarifa final sería moderado, la medida refleja la decisión del Ejecutivo de avanzar con el ajuste energético que no logró aprobarse dentro del Presupuesto 2026.
El proyecto también contempla una prórroga de beneficios para energías renovables y mecanismos para que las distribuidoras eléctricas cancelen deudas con Cammesa a cambio de renunciar a juicios contra el Estado. Sin embargo, el punto de mayor conflicto radica en el uso de los subsidios: el Gobierno insiste en que el sistema actual es inequitativo y que debe priorizarse el «uso racional de la energía» y la equidad fiscal.
Aunque la presentación formal en el Congreso no sería inmediata, los sectores provinciales ya observan con preocupación el desarrollo del texto. Para los bonaerenses, el fin de la «Zona Fría» significaría un incremento sustancial en el costo de calefacción, justo en la antesala de los meses más fríos del año, en un marco de alta sensibilidad por la quita generalizada de subsidios nacionales.
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