La Casa Rosada calificó de política la masiva protesta y ratificó que dialogará con los rectores de forma individual. En tanto, desde el sistema educativo alertan por el futuro de las clases ante la falta de recursos para 2027.
Tras la realización de la quinta Marcha Federal Universitaria, el Gobierno nacional ratificó su postura de calificar la movilización como un evento de carácter “político” y mantuvo su tajante negativa a abrir una mesa de negociación global con los rectores de las casas de alto estudio. Mientras la Casa Rosada cuestionó los incidentes registrados frente al Congreso y anunció que canalizará el diálogo de manera individual con cada autoridad universitaria, las instituciones alertaron que el sistema funciona como una “olla a presión” que pone en serio riesgo el inicio del ciclo lectivo 2027.
Pese a la masiva convocatoria que reunió a estudiantes, docentes y organizaciones sindicales y sociales, desde el Ejecutivo aseguraron que la protesta “no cambió nada” y remarcaron que cualquier discusión presupuestaria deberá darse en el marco del debate por el Presupuesto 2027 en el Congreso. Cabe recordar que el proyecto oficialista asigna cerca de $7,3 billones al sector, una cifra muy distante de los $11 billones que exige el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), priorizando la premisa innegociable del superávit y equilibrio fiscal.
Frente a la falta de canales de diálogo y con los expedientes judiciales —como el fallo del juez Martín Cormick— transitando instancias de apelación, las autoridades universitarias apuestan a tejer alianzas con bloques opositores y gobernadores aliados en el Parlamento para modificar las partidas asignadas. Sin embargo, advierten que de no mediar una solución política a corto plazo, el malestar salarial y material desatará un escenario de extrema conflictividad de cara al próximo año.

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