27 septiembre, 2026

Sin acuerdo en el Consejo del Salario: la CGT y la CTA se retiraron y el Gobierno fijará el piso de ingresos por decreto

El sector empresario propuso incrementos mensuales inferiores al 2%, lo que motivó el rechazo de los gremios. Un informe de la UBA advierte que el salario real cayó más del 40% desde noviembre de 2023.

La reunión del Consejo del Salario fracasó este viernes, por lo que será el Gobierno el encargado de definir el próximo aumento del sueldo mínimo a través de un decreto. El encuentro se levantó de manera abrupta luego de que los representantes de la CGT y las dos CTA rechazaran de plano la propuesta empresaria, que contemplaba subas del 1,8% en septiembre y del 1,7% para los meses sucesivos hasta abril, retirándose en consecuencia del recinto.

El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) se encuentra actualmente en $376.600 —mientras que los jornalizados perciben un piso de $1883 por hora—, un valor que funciona como parámetro para los trabajadores informales y que impacta de manera directa en la prestación por desempleo. En paralelo, durante la jornada también se evaluaron los montos de dicha prestación, aunque la oferta del sector empleador fue considerada por las centrales obreras como «más que insuficiente» y ubicada por debajo del 2% mensual.

Fuerte caída del poder adquisitivo

El fracaso de las negociaciones se da en un contexto de marcada contracción de los ingresos. De acuerdo con un informe elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA, el salario mínimo real acumuló una caída del 40,5% entre noviembre de 2023 y julio de 2026, retrocediendo a niveles inferiores a los registrados en el año 2001, antes del colapso de la convertibilidad.

A diferencia de las jubilaciones o pensiones, que se actualizan de manera automática según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el salario mínimo carece de un mecanismo de indexación por inflación, lo que deja su actualización sujeta a la pulseada política y paritaria entre el Estado, los gremios y las cámaras empresarias. Ante la falta de consenso, el Ejecutivo volverá a recurrir a la vía del laudo para fijar las próximas escalas.