Tras el alivio de abril, el equipo económico de Javier Milei congela subas clave y posterga aumentos indexados para quebrar la inercia de los precios. El monitoreo en el AMBA y el comportamiento del consumo masivo de cara a la segunda mitad del año.
El gobierno de Javier Milei y su equipo económico celebraron con fuerza la desaceleración de la inflación en abril, la cual marcó una baja de 0,8 puntos porcentuales respecto al mes previo y logró cortar una preocupante racha de diez meses consecutivos en alza. A pesar de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado ya superó la proyección anual que el propio Ejecutivo había estipulado para todo el año 2026, quebrar la tendencia alcista se convirtió en la máxima prioridad del ministro Luis Caputo. Para consolidar este camino descendente durante el mes de mayo, las consultoras privadas que participan del relevamiento del Banco Central (BCRA) ya estiman que la inflación general se ubicará en torno al 2,3%, impulsada por una agresiva estrategia oficial de precios regulados bajo estricto control.
El principal motor de estas buenas señales proviene del rubro de alimentos y bebidas, el de mayor peso estadístico en el territorio nacional y bonaerense, que registró una baja del 0,8% en el primer tramo de mayo según la medición de la firma LCG, marcando el descenso semanal más pronunciado desde mediados del año pasado. Para apuntalar esta dinámica, el Palacio de Hacienda dispuso un fuerte freno de mano en las tarifas de servicios públicos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En ese sentido, AySA limitó el incremento del agua al 3%, mientras que la Secretaría de Energía garantizó descuentos del 75% en el gas y del 10% en la electricidad para hogares subsidiados, sumado a la decisión crucial de postergar hasta noviembre el traslado a las boletas de los mayores costos del gas importado por Enarsa.
En la misma sintonía de contener el índice inflacionario, el Poder Ejecutivo dispuso que las subas en los boletos de colectivos nacionales (2%) y trenes urbanos (18%) recién comiencen a regir pasada la primera quincena del mes, logrando que una parte del impacto estadístico se traslade recién a junio. Por el lado de los combustibles, luego del durísimo salto del 25% en marzo, YPF y las demás petroleras privadas pactaron una tregua de 45 días sin cambios bruscos, aplicando a mediados de mayo un ajuste de apenas el 1%. A esto se acopló la decisión política de actualizar solo un 0,5% los impuestos a los combustibles líquidos, pateando para el mes de junio el impacto de la inflación acumulada con el objetivo de estirar el colchón de estabilidad hasta principios de julio, blindando así los surtidores locales de la volatilidad internacional provocada por la guerra en Medio Oriente.
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