Un conductor sentenciado por lesiones tras un choque en 2024 abandonó su domicilio declarado. La familia de las víctimas denuncia irregularidades en el juicio abreviado.
El origen del caso se remonta al 1 de noviembre de 2024, cuando el conductor embistió a una joven que caminaba con su bebé en brazos y, lejos de detenerse a prestar auxilio, escapó del lugar. La sentencia posterior le impuso dos años de prisión en suspenso y la prohibición de conducir, bajo estrictas reglas de comportamiento que el implicado decidió ignorar. Según trascendió, el entorno familiar del prófugo habría confirmado su traslado hacia territorio boliviano.
La representación legal de las víctimas denunció que el proceso estuvo marcado por deficiencias, señalando que la damnificada ni siquiera fue notificada del acuerdo que permitió la pena morigerada. Mientras el acusado permanece en la clandestinidad, la mujer atropellada continúa lidiando con secuelas físicas y psicológicas, tras haber pasado un extenso periodo de inmovilidad a raíz del impacto, hecho que la justicia calificó inicialmente como «lesiones leves».
Ante el incumplimiento de las condiciones impuestas, la fiscalía busca ahora que la condena se transforme en prisión efectiva. La cooperación con la justicia de Bolivia resulta clave para concretar el traslado del imputado y garantizar que el proceso no quede impune, mientras el Ministerio de Seguridad monitorea los movimientos en los pasos fronterizos.
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