Advierten que los cambios legales priorizan intereses económicos sobre el cuidado de los recursos naturales y limitan el rol de los organismos científicos.
La reciente modificación de la Ley de Glaciares generó un fuerte rechazo en sectores parlamentarios que denuncian una alarmante falta de profundidad en el debate legislativo. El diputado nacional por Mendoza, Martín Aveiro, cuestionó la ligereza con la que se abordó la reforma en el Congreso, señalando que se trató con una «simplicidad» impropia de un tema que involucra la seguridad de los recursos naturales del país.
Para el legislador, el argumento de que la protección ambiental frena la actividad minera es una falacia. Según explicó, las áreas glaciares ocupan apenas una mínima porción de la Cordillera de los Andes, dejando la gran mayoría del territorio disponible para la industria sin necesidad de intervenir sobre las reservas de agua. El centro de la preocupación radica en que la nueva normativa transfiere a las provincias la facultad de catalogar qué glaciares merecen protección y cuáles pueden ser explotados.
En este sentido, se alertó sobre el debilitamiento de instituciones como el IANIGLA, ya que ahora los mandatarios provinciales podrían desestimar criterios científicos para favorecer proyectos extractivos. «Un gobernador tendrá la potestad de declarar un glaciar como irrelevante para avanzar con negocios», sentenció Aveiro, quien además vinculó estos cambios con intentos paralelos de desregular la propiedad de la tierra para facilitar la venta de áreas estratégicas a capitales extranjeros.
La controversia queda planteada sobre la fragilidad de los controles estatales. Los críticos de la reforma sostienen que delegar la preservación del agua dulce exclusivamente a la «voluntad política» sin supervisión científica técnica abre la puerta a daños ambientales irreversibles. En un contexto de crisis climática global, la soberanía sobre las cuencas hídricas se perfila como el principal campo de batalla legal en la Argentina.
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