Un informe oficial detalla que, pese a una leve recuperación interanual, el congelamiento del bono y la caída de aportantes profundizan el deterioro en el sector pasivo.
El poder de compra de las jubilaciones en la Argentina todavía no logró recuperar el terreno perdido desde el inicio de la actual administración gubernamental. Si bien durante el último año se registró una leve mejora real en el haber medio por beneficiario del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) —que se ubicó en $912.336 en septiembre de 2026, con una suba interanual del 1,3%—, la evolución de las prestaciones continúa acumulando una pérdida de poder adquisitivo cercana al 12,7% en comparación con noviembre de 2023.
La situación es considerablemente más desfavorable para los sectores de menores ingresos que dependen del haber mínimo. De acuerdo con el informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), el congelamiento del bono de $70.000 —mantenido sin cambios desde marzo de 2024— provocó una caída interanual del 7,4% en la movilidad con refuerzo a septiembre de este año. Esta medida impacta de manera directa sobre el 47,3% de los titulares del SIPA (unas 2,9 millones de personas), cuyo poder compensatorio se redujo drásticamente al pasar el bono de representar el 52% del haber mínimo en diciembre de 2023 a apenas un 16,3% en abril de 2026.
En paralelo, el sistema previsional enfrenta tensiones estructurales vinculadas al financiamiento y al mercado laboral formal. Durante los primeros nueve meses de 2026, los puestos de trabajo en relación de dependencia con aportes sufrieron una baja del 1,6%, mientras que los recursos de la Seguridad Social se contrajeron un 3,2% en términos reales. Con una reducción en la cantidad de aportantes y un déficit financiero acumulado de 7,5 billones de pesos en el área, el informe advierte que la sostenibilidad del régimen continúa atada a la evolución de los ingresos y a la actualización de las prestaciones frente a la inflación.
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