El drama de las menores que son vendidas por sus familias para servidumbre. Los casos que estremecen a la Justicia de Mar del Plata y Bahía Blanca.
Lo que comenzó como una denuncia aislada en San Juan ha destapado una realidad aberrante que se extiende por todo el país: la trata de niñas dentro de sectores de la comunidad gitana. Investigaciones de la Justicia Federal exponen un patrón de sometimiento donde menores de entre 13 y 14 años son vendidas por sus propios padres a cambio de sumas de dinero o vehículos. Bajo el pretexto de «usos y costumbres», estas niñas son condenadas al analfabetismo, el matrimonio servil y la explotación laboral, convirtiéndose en víctimas de un sistema de violencia invisible para el Estado durante años.
La condena reciente a la familia Cristo en San Juan puso nombre y apellido al horror. Una niña de 13 años fue vendida por $825.000 (a valores de 2022). Tras un matrimonio forzado y ritos de «pureza», fue obligada a mendigar y vender medias en la calle bajo torturas. El caso no es único:
- Mar del Plata: En 2017, una niña de 14 años fue «comprada» por $30.000 y una camioneta. Sus captores, la familia Crespo, la obligaban a vender pañuelitos y servir a ocho personas. Terminó con una fractura tras ser arrojada por una escalera por no conseguir unas galletitas.
- Bahía Blanca: Paulina Macaroff fue condenada a 9 años de cárcel por reducir a la servidumbre a sus propios nietos, a quienes obligaba a vender en la calle hasta la madrugada y a quienes intentó «entregar» en matrimonios forzados.
El mecanismo de control:
La fiscalía especializada (PROTEX) advierte que el aislamiento y el analfabetismo son las herramientas principales de estos captores. Las víctimas carecen de DNI, nunca pisaron una escuela y son criadas exclusivamente para servir a la familia del varón que las compra. El hermetismo de estas comunidades funciona como un «doble velo» que dificulta la intervención judicial hasta que las víctimas, en actos de desesperación, logran pedir ayuda a extraños en la calle.
La Justicia Federal insiste en que no se trata de una cuestión cultural, sino de delitos de trata de personas y reducción a la servidumbre. Mientras las condenas empiezan a llegar, el desafío sigue siendo detectar a tiempo estas situaciones en barrios y asentamientos donde el Estado aún no logra romper el cerco del silencio que protege a los explotadores.
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