Fin de los privilegios: el Banco Nación canceló los créditos hipotecarios para funcionarios

Tras el escándalo por préstamos millonarios otorgados a dirigentes políticos, la entidad dio de baja la normativa que permitía el acceso preferencial a cargos electivos y designados. La medida busca aplacar el malestar social generado por la adjudicación de fondos a segundas y terceras viviendas.

El Banco Nación oficializó la eliminación de un apartado clave en su reglamentación crediticia que beneficiaba directamente a la clase política. A través de una nueva circular, la institución dirigida por Daniel Tillard dejó sin efecto la modificación realizada a principios de 2024, la cual habilitaba a funcionarios públicos a acceder a líneas hipotecarias que hoy resultan inalcanzables para la mayoría de los ciudadanos.

La controversia cobró fuerza al conocerse que cerca de 40 integrantes de la administración pública, muchos de ellos ligados al Ministerio de Economía, habían obtenido financiamientos por montos cercanos a los 340.000 dólares. A diferencia de los solicitantes particulares que buscan su primera vivienda, estos créditos habrían sido destinados, en varios casos, a la adquisición de propiedades adicionales bajo condiciones de ventaja.

Desde el Ejecutivo, el presidente Javier Milei defendió la legalidad de las operaciones, aunque admitió la necesidad de retirar la norma para evitar un costo político mayor. La decisión de dar marcha atrás con la reglamentación 802 surge en un momento de extrema sensibilidad, donde el acceso al crédito hipotecario para el trabajador promedio se ve limitado por las estrictas condiciones de calificación y los niveles de ingresos requeridos.

Aunque la normativa ya fue derogada para futuras solicitudes, la mirada de la opinión pública se mantiene sobre los préstamos que ya fueron liquidados. El Gobierno intenta con este movimiento cerrar una grieta ética que amenazaba con desgastar la narrativa de austeridad que promueve la gestión actual.