Filicidios y desidia estatal: el lapidario informe de una ONG sobre las alertas ignoradas y los fallos de la Justicia

ASAPMI, una entidad que lucha contra el maltrato infanto juvenil, recopiló en detalle crímenes recientes y señaló falencias que facilitaron desenlaces trágicos. El reclamo por el cumplimiento de la ley Lucio y por mayor celeridad en el trámite de un nuevo proyecto en el Congreso.

La Asociación Argentina de Prevención del Maltrato Infanto Juvenil (ASAPMI) recopiló una serie de casos recientes de filicidio ocurridos en distintos puntos del país y señaló que, en la mayoría de ellos, decisiones institucionales erradas —por desidia, negligencia o falta de formación— facilitaron desenlaces que podrían haberse evitado. El documento, fechado el 29 de julio de 2026 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, identifica patrones comunes: alertas de maltrato ignoradas, protocolos de revinculación aplicados sin considerar el riesgo real para los niños y ausencia de articulación entre organismos del Estado.

El comunicado describe tragedias individuales y traza una línea directa entre la conducta de los filicidas y las omisiones de quienes debían proteger a las víctimas: juzgados de familia, equipos técnicos, profesionales de la salud y trabajadores sociales. La entidad advierte que esa cadena de fallos no es excepcional, sino recurrente, y que la normativa vigente ya ofrece herramientas para revertirla, aunque permanecen sin aplicarse.

Los cuatro reclamos principales de ASAPMI

Sobre la base de ese diagnóstico, ASAPMI eleva cuatro reclamos concretos:

• Implementación de la Ley Lucio (N° 27.709): Establece un plan federal de capacitación obligatoria, continua y permanente sobre derechos de las infancias y adolescencias para los tres poderes del Estado.
• Día Nacional de Concientización: Solicita al Congreso Nacional que declare el 21 de junio como fecha para la lucha contra el filicidio.
• Tratamiento de urgencia: Pide que los legisladores traten el proyecto de ley N° 1975-D-2026, destinado a prevenir, asistir y sancionar el maltrato infanto-juvenil.
• Abordaje mediático: Demanda que los medios de comunicación traten los casos con idoneidad y consulten a especialistas antes de emitir opinión.

Casos relevados que expusieron las fallas del sistema

El documento detalla situaciones críticas ocurridas en distintas provincias que reflejan la falta de articulación y prevención estatal:

• Ángel Nicolás López (Comodoro Rivadavia, Chubut): Asesinado en abril de 2026. A pesar de alertas previas de maltrato, un Juzgado de Familia había ordenado su revinculación con su madre biológica meses antes.
• Gian y Giulia Colombo (General Lagos, Santa Fe): Intoxicados con monóxido de carbono por su padre en junio de 2026. La madre había denunciado violencia de género meses antes, pero la restricción de acercamiento no incluyó a los menores, en un caso tipificado como posible violencia vicaria.
• Ilan Mareco Vázquez (Santa Ana, Misiones): Asesinado en julio de 2026, con su madre imputada por el hecho.
• Villa Gesell (Buenos Aires): Un extenso historial previo que involucró muertes de menores en una misma familia, donde se cuestiona la insistencia de los juzgados de familia en aplicar protocolos de revinculación obligatoria pese a alertas de maltrato y graves diagnósticos previos.

Como antecedente positivo de sanción a la negligencia, la entidad recordó el caso de Thiago Quipildor en Salta, donde además de los progenitores fueron condenados profesionales de la salud y equipos técnicos por incumplimiento de los deberes de funcionario público. El informe concluye exigiendo partidas presupuestarias específicas para capacitación y supervisión de los equipos que intervienen en la materia.