La fiscal federal Alejandra Mangano consideró que no hubo delito ni perjuicio económico para el Estado en el traslado de Bettina Angeleti a Estados Unidos. Según el dictamen, el uso de la aeronave presidencial fue razonable y no generó gastos adicionales.
La fiscal federal Alejandra Mangano solicitó formalmente al juez Daniel Rafecas el archivo de la causa que investigaba el viaje de la esposa del vocero presidencial, Manuel Adorni, a bordo de un avión oficial con destino a Estados Unidos. Tras analizar informes de la Secretaría General de la Presidencia y la Jefatura de Gabinete, el Ministerio Público concluyó que el hecho no constituye malversación de fondos ni uso indebido de bienes públicos.
El análisis judicial se centró en la logística del vuelo realizado entre el 6 y el 11 de marzo en el Boeing 757-200 de la flota presidencial. Los informes técnicos revelaron que la aeronave cuenta con 39 plazas y que, al momento del viaje, existían más de diez asientos disponibles. Por este motivo, la fiscalía determinó que la inclusión de Angeleti en la comitiva no representó una erogación extra para el erario público ni afectó la capacidad operativa del servicio.
En su dictamen, Mangano sostuvo que el uso del avión se encuadró dentro de las facultades discrecionales de la Presidencia de la Nación. Asimismo, descartó la aplicación del artículo 260 del Código Penal, que castiga el empleo indebido de caudales públicos, al no registrarse una desviación ilegal de recursos estatales para fines particulares que generaran daño patrimonial.
El expediente, que había tomado relevancia en un contexto de fuerte escrutinio sobre el gasto de los funcionarios públicos, pierde peso tras este respaldo fiscal. El dictamen enfatiza que no hubo una «erogación extraordinaria», un punto clave que descomprime la situación judicial del vocero presidencial y su entorno familiar.
La resolución definitiva está ahora en manos del juez Daniel Rafecas. Si el magistrado hace lugar al pedido de la fiscalía, la causa será cerrada definitivamente. De lo contrario, se podrían solicitar nuevas medidas de prueba, aunque el dictamen actual marca una tendencia clara hacia la desestimación de la denuncia por falta de tipicidad penal.
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