Embriones congelados sin ley: el dilema de miles de familias argentinas ante el vacío normativo en fertilidad asistida

La falta de una ley específica que regule el destino de los embriones criopreservados obliga a miles de pacientes a decidir entre conservarlos, donarlos, destinarlos a investigación o descartarlos, en medio de criterios judiciales dispares y una fuerte carga emocional.

El avance de los tratamientos de reproducción asistida en la Argentina trajo consigo un interrogante ético, médico y legal que afecta a miles de personas: qué hacer con los embriones criopreservados que sobran una vez que las familias logran concretar el embarazo y deciden no tener más hijos.

Según detalló la abogada especialista en derecho de familia Fátima Silva, iniciar un proceso de fertilización implica un gran desafío emocional, y el almacenamiento de material genético sobrante deja a los pacientes frente a decisiones complejas. Actualmente, el 50% de los pacientes decide conservar los embriones, y siete de cada diez pagan el mantenimiento anual (que ronda los USD 200 al año), mientras que un 30% opta por cederlos para investigación y entre un 15% y un 25% elige donarlos a otras personas. Sin embargo, la ausencia de una legislación nacional específica —pendiente desde 2015— genera incertidumbre, falta de orientación y respuestas dispares tanto en los centros de salud como en los tribunales.

La problemática se agudizó tras la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, momento en el cual los centros de fertilidad comenzaron a exigir definiciones a los titulares ante el temor legal de proceder al descarte. Esta presión regulatoria desató un escenario de gran fragilidad jurídica: mientras algunos jueces admiten la adopción de embriones en el momento de la transferencia bajo el criterio de que la vida comienza allí, otros rechazan la vía legal por falta de un marco normativo claro.

A esto se suma el delicado debate sobre la identidad y el historial genético, ya que a diferencia de la donación individual de óvulos o esperma —donde los centros conservan antecedentes de salud—, en la donación de embriones los receptores habitualmente no acceden a esta información, lo que podría dificultar la atención médica futura de los menores nacidos bajo esta modalidad. Ante la inexistencia de bancos públicos de embriones y los riesgos legales expuestos, los especialistas insisten en la urgente necesidad de una ley que proteja los derechos de las familias, regule la disposición final y garantice el derecho a la identidad.