El Gobierno oficializó 46 jueces, pero mantiene frenado el nombramiento de Verónica Michelli

El Boletín Oficial publicó este jueves los decretos de designación de 46 nuevos jueces, cuatro conjueces, cuatro defensores y un fiscal. Sin embargo, la ausencia de la doctora María Verónica Michelli —candidata para el Tribunal Oral Federal 3 de La Plata— confirma la postura del oficialismo de ignorar, por el momento, la aprobación otorgada por la Cámara Alta. Mientras el Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques, justifica la demora por la falta de habilitación edilicia del tribunal, en los despachos cercanos a Karina Milei y Santiago Caputo admiten que el freno es político, persistiendo una resistencia hacia la figura de la magistrada.

El proceso de designación estuvo marcado por la controversia desde el inicio. Si bien el Ejecutivo propuso originalmente a Michelli, el presidente Javier Milei intentó retirar su pliego a último momento, un movimiento que fracasó cuando el oficialismo, en una sesión que tomó por sorpresa a la oposición y dejó en evidencia fracturas internas, avanzó con la aprobación de 73 candidaturas en lugar de las 50 previstas originalmente. En aquella jornada, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, optó por abstenerse, reflejando el malestar que aún persiste en los círculos del poder respecto a esta designación en particular.

La justificación oficial, ofrecida por Mahiques, sostiene que el cargo de Michelli pertenece a un tribunal que aún carece de infraestructura básica, una explicación que el Gobierno aplica para desviar el foco del conflicto político. «Es un juzgado que todavía tiene que crear la Corte; el Consejo de la Magistratura debe buscar edificio, acondicionarlo, poner mobiliario y tecnología», argumentó el ministro. No obstante, esta postura choca con la realidad de otros magistrados que han sido designados sin que sus tribunales estén plenamente operativos, lo que refuerza la sospecha de que la suerte de la jueza —familiar de un conocido periodista— está atada a una vendetta política o un recelo personal dentro del Gobierno.

Mientras el conflicto por Michelli sigue en punto muerto, el Ministerio de Justicia ha decidido pasar a la ofensiva enviando al Senado otros 21 pliegos para ocupar vacantes en diversas jurisdicciones. Es un dato llamativo que esta nueva lista no incluya candidatos para los estratégicos tribunales federales de Comodoro Py, donde tramitan las causas de mayor sensibilidad política y corrupción. La maniobra evidencia que el Gobierno intenta avanzar con la normalización del Poder Judicial, pero bajo un estricto control de quiénes ocupan los sillones en los juzgados que, en el futuro, deberán resolver el destino de funcionarios y dirigentes bajo la lupa de la justicia.