La situación en la provincia de Buenos Aires es alarmante para los gremios y sectores productivos: 26 mil empresas cerradas y más de 300 mil empleos perdidos desde 2023 conforman un mapa de fragilidad que ya no puede ser ignorado. Sin embargo, para la Casa Rosada, esta realidad es un costo inevitable de la transformación. Adrián Ravier, vocero presidencial, sostuvo que la Argentina vive un crecimiento «no homogéneo» donde sectores vinculados a la exportación y los recursos naturales son los nuevos motores, desplazando al modelo de sustitución de importaciones que, según el funcionario, es el responsable de las «tensiones» en el tejido manufacturero bonaerense.
Para explicar esta brecha, el vocero puso a Neuquén como espejo de la prosperidad. Con un desempleo de apenas el 2% gracias al impulso de Vaca Muerta y la recepción de flujos de inversión, la provincia patagónica aparece para el oficialismo como el modelo a seguir. En contraste, Buenos Aires, donde se concentra la mayor parte de la manufactura nacional, sufre las consecuencias de la apertura. Ravier fue contundente: «es normal que ocurra en un país que decidió cambiar de modelo», minimizando casos emblemáticos de cierres industriales, como la planta de neumáticos Fate, y equiparándolos a una supuesta generación de empleo en otros sectores que, hasta el momento, no logra compensar el saldo negativo.
La realidad estadística, sin embargo, muestra una herida profunda en los centros urbanos. La tasa de desocupación en el Gran Buenos Aires alcanzó el 8,7% en el primer trimestre, superando el promedio nacional, mientras que en ciudades como San Nicolás, Villa Constitución y Bahía Blanca, la desocupación ya perforó el piso del 10%. A pesar de estos números, el oficialismo insiste en que la economía abierta permitirá resolver los «cuellos de botella» históricos, sosteniendo que la transición hacia este nuevo esquema es la base para lograr una «Argentina grande nuevamente», aun cuando las cifras de cierres de fábricas y pérdida de puestos de trabajo siguen en ascenso.
El discurso oficial pone en evidencia una desconexión entre la visión macroeconómica de la gestión libertaria y la urgencia del territorio bonaerense. Mientras la Provincia sufre las secuelas de una industria manufacturera que intenta sobrevivir en un contexto de caída del consumo y apertura de importaciones, el Gobierno prefiere mirar hacia los sectores extractivos que traccionan las estadísticas en otras regiones. La crisis en Buenos Aires, lejos de ser vista como una emergencia a paliar, es presentada por el Poder Ejecutivo como un proceso natural de ajuste, dejando a los trabajadores y empresarios bonaerenses en una encrucijada sin señales de medidas de alivio en el horizonte próximo.

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