La tensión salarial en la provincia de Buenos Aires entró en una fase de definiciones. Tras el rechazo tajante a las ofertas anteriores, el Gobierno bonaerense presentó este lunes una propuesta de incremento del 7% para el bimestre julio-agosto, desglosada en un 5% para el primer mes y un 2% adicional para el segundo, siempre tomando como base los haberes de junio. A diferencia de las instancias previas, esta vez los sindicatos docentes dieron un paso al frente y resolvieron poner la oferta a consideración de sus bases, lo que marca un punto de inflexión en un conflicto que parecía estancado.
El acuerdo, de ser aceptado, incluye una cláusula de revisión para el mes de septiembre, una demanda clave de los gremios para no perder terreno frente a la carrera inflacionaria. Sin embargo, el componente económico no fue el único eje del encuentro: la creciente ola de violencia escolar obligó al Ejecutivo a ceder y acordar una adenda al Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación. Se pondrá en marcha la Mesa Ad Hoc para intervenir en casos críticos y se lanzará la campaña «Cuidemos a quienes enseñan», una respuesta directa a las denuncias de agresiones que se multiplicaron en el último tiempo.
La sombra del ajuste nacional
Detrás de cada número, la narrativa del Ejecutivo provincial sigue siendo la misma: la asfixia financiera impuesta desde la Casa Rosada. Los funcionarios bonaerenses insistieron en que la provincia acumula una pérdida de 26,7 billones de pesos por el recorte de fondos nacionales y la caída en la recaudación, un escenario que, según advierten, limita el margen de maniobra para cualquier recomposición salarial. Este argumento actúa como el techo invisible que condiciona cada encuentro paritario.
Con la pelota en el campo de los docentes, todas las miradas se desplazan ahora hacia la jornada de este martes, cuando el Gobierno reciba a los trabajadores estatales de la Ley 10.430. La pregunta que flota en el aire es si la administración provincial buscará replicar este esquema del 7% para todos los sectores o si, ante la fragilidad de las arcas públicas, intentará imponer esquemas diferenciados que podrían reavivar el conflicto en otros ministerios.
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