El dilema de Ganancias: Las exenciones impositivas con las que el oficialismo busca revertir el último puesto del ranking regional.

Un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reveló que, a pesar de la vigencia del RIGI y la estabilización fiscal, la Argentina captó apenas USD 3.134 millones de Inversión Extranjera Directa durante 2025. El magro resultado ubica al país por debajo de Costa Rica, Colombia, Chile, México y Brasil, exponiendo que el desarme del cepo cambiario y el fantasma electoral de 2027 actúan como los principales frenos para el desembarco definitivo de los fondos productivos.

La consolidación del superávit fiscal y el marcado sendero de desaceleración inflacionaria exhibidos por la administración de Javier Milei consiguieron revertir de forma sustancial la percepción del establishment corporativo sobre el clima de negocios local, aunque estos avances de la ingeniería macroeconómica todavía no logran traducirse en un flujo masivo y diversificado de divisas de largo plazo. De acuerdo con las planillas estadísticas anualizadas de la OCDE, la Argentina finalizó en el último puesto en materia de atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) entre las principales economías de América Latina, manifestando una brecha de financiamiento estructural alarmante frente a sus competidores directos del Mercosur y la Alianza del Pacífico. Las métricas del organismo internacional detallan que mientras Brasil lideró la tabla continental con el ingreso de USD 76.877 millones, seguido por México con USD 40.871 millones, Chile con USD 13.152 millones, Colombia con USD 11.462 millones y Costa Rica con USD 5.733 millones, la plaza argentina se contrajo a un piso neto de apenas USD 3.134 millones, evidenciando que las reformas normativas vigentes funcionaron como un dique de contención para sectores primarios pero no como un imán global de capitales corporativos.

Este estancamiento de la rentabilidad real de las inversiones se produce en simultáneo con el pleno despliegue operativo del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una herramienta de desgravación tributaria y aduanera que consiguió traccionar desembolsos específicos en los sectores de minería, gas y petróleo, pero que demostró severas limitaciones para derramar liquidez hacia el resto del entramado industrial y logístico. Los analistas del sector privado atribuyen la prudencia de las multinacionales a factores de la economía real que deprimen el rendimiento del capital, tales como el desplome del consumo interno, la parálisis total de la infraestructura de obra pública, la persistente escasez de líneas de crédito productivo y una marcada apreciación cambiaria que encarece los costos operativos medidos en moneda extranjera. Asimismo, las restricciones cambiarias remanentes y la imposibilidad de girar dividendos de forma irrestricta hacia las casas matrices actúan como un factor de disuasión sistémico, potenciado por la conducta de cautela o de «esperar y ver» que asumen los fondos internacionales ante la incertidumbre sobre el sostenimiento del modelo político más allá de los comicios presidenciales de 2027.

Frente a este severo diagnóstico de la OCDE, el Palacio de Hacienda que conduce Luis Caputo optó por redoblar la apuesta de la desregulación mediante el envío al Congreso del denominado Súper RIGI, un andamiaje normativo enfocado de manera directa en el desarrollo de nuevas industrias tecnológicas y de infraestructura digital de alta complejidad. El nuevo marco de incentivos, orientado a corporaciones dispuestas a comprometer desembolsos superiores a los USD 1.000 millones, contempla otorgar una alícuota diferencial del 15% en el Impuesto a las Ganancias, mecanismos de amortización acelerada, compensación ilimitada de quebrantos fiscales y una tasa reducida del 3,5% para la distribución de utilidades. Con este menú de beneficios para plantas de baterías de litio, electromovilidad y el procesamiento de uranio, el Poder Ejecutivo busca compensar las asimetrías estructurales de costos de la Argentina, en una carrera contra el reloj parlamentario para reactivar la generación de empleo formal e inclinar la balanza comercial antes de que la atención social sea monopolizada por el fixture del fútbol.