El oficialismo atraviesa un momento de alta vulnerabilidad política. El escándalo patrimonial de Manuel Adorni no solo erosionó la credibilidad del jefe de Gabinete, sino que fracturó la cohesión del ecosistema libertario, evidenciando la falta de respaldo unánime de la militancia digital y profundizando la desconfianza entre los dos pilares de la gestión: Karina Milei y Santiago Caputo. Mientras el Gobierno intenta sostener su plan de reformas en el Congreso, la interna por el diseño electoral de 2027 y la falta de control sobre figuras con peso propio, como la senadora Patricia Bullrich, complican la hoja de ruta de Balcarce 50.
El primer golpe para el oficialismo fue la reacción —o la falta de ella— del frente digital. En Casa Rosada esperaban una defensa orgánica tras las explicaciones de Adorni sobre sus activos en bitcoin y ahorros no declarados, pero el operativo no logró el impacto esperado. Sectores del ecosistema oficialista optaron por marcar distancia, cuestionando las inconsistencias de un relato que, lejos de ordenar el debate público, terminó por desgastar aún más la figura del funcionario. Este episodio se inscribe en la disputa por la estructura partidaria: mientras la Secretaría General de la Presidencia busca centralizar la coordinación territorial y el control del sello La Libertad Avanza, el sector referenciado en Caputo mantiene una lógica de intervención disruptiva en redes que comienza a ser vista con sospecha por el círculo íntimo de Karina Milei.
La secretaria general de la Presidencia ha comenzado a visualizar a Santiago Caputo como un actor con pretensiones de autonomía política, sospecha que se nutre de los antecedentes de la campaña de 2025 y los supuestos vínculos del asesor con gobernadores dialoguistas. Por ello, el diseño electoral para 2027 será centralizado por el karinismo, con el apoyo de Eduardo «Lule» Menem y Martín Menem, con el fin de evitar estructuras paralelas. Aunque los sectores neutrales del Gobierno descartan cambios de fondo inmediatos tras la salida de Sebastián Amerio del Ministerio de Justicia y la llegada de Juan Bautista Mahiques, reconocen que el equilibrio interno se ha vuelto extremadamente precario, transformando cada decisión de gabinete en un pulso emocional de consecuencias imprevisibles.
En el plano legislativo, la situación de Patricia Bullrich es un factor que el Gobierno admite no poder dominar. Tras el cruce en la mesa política, donde la senadora cuestionó la «omisión ética» del jefe de Gabinete, la posibilidad de un desplazamiento ha sido descartada por el alto costo político que implicaría enfrentar a una figura con autonomía y peso propio. El oficialismo busca ahora encauzar su participación en una candidatura porteña para despejar el tablero nacional, mientras se concentra en blindar los acuerdos con mandatarios provinciales. El éxito de proyectos clave como el Súper RIGI, la reforma electoral y el paquete desregulador depende estrictamente de estos entendimientos con gobernadores como Rogelio Frigerio, Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz, articulados mediante la gestión de Diego Santilli.
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