Celulares en las aulas: la mayoría de los chicos de 8 años tiene dispositivo propio y crece el debate por las restricciones escolares

El 59% de los alumnos de 3er grado en Argentina cuenta con un teléfono móvil personal, una cifra que asciende al 90% en el nivel secundario. Esta masificación, sumada a la creciente preocupación por la atención y el bienestar emocional en las aulas, impulsó a que 11 jurisdicciones argentinas ya apliquen distintos protocolos de regulación. Sin embargo, mientras el modelo de prohibición se expande a nivel internacional —pasando del 25% al 60% de los países en apenas tres años—, los expertos advierten que «barrer el problema bajo la alfombra» prohibiendo los dispositivos no garantiza, por sí solo, una mejora en el rendimiento académico ni una solución a los problemas de salud mental.

La brecha en la tenencia de dispositivos también refleja disparidades socioeconómicas y regionales. Mientras que en provincias como Santa Cruz o Catamarca la propiedad de celulares en primaria supera el 65%, en otros puntos del país la cifra es notablemente menor. El informe destaca que el 63% de los estudiantes del quintil de mayores ingresos tiene celular propio, frente al 52% del quintil más bajo, lo que marca una desigualdad de acceso que también impacta en el aula. Si bien la mayoría de las investigaciones internacionales coinciden en que restringir el uso reduce las distracciones y el uso recreativo en clase, los resultados sobre mejoras en las calificaciones son diversos y, en muchos casos, apenas moderados.

El panorama normativo en Argentina es, por el momento, heterogéneo. No existe una ley nacional unificada; en su lugar, el 45% de las provincias avanzó con leyes o resoluciones propias con enfoques muy disímiles: desde prohibiciones amplias en primaria en CABA y Santa Fe, hasta restricciones limitadas al nivel secundario en Buenos Aires o habilitaciones estrictamente pedagógicas en Mendoza. Esta falta de lineamientos comunes genera un ecosistema donde las reglas dependen, en última instancia, del criterio de cada jurisdicción o institución educativa, dejando a la comunidad educativa en medio de una transición sin un horizonte claro.

La mirada de los especialistas invita a trascender la dicotomía de «prohibir o no prohibir». Expertos como Andrea Goldín, Alejandro Artopoulos y Lucía Fainboim sugieren que el desafío real es repensar la infancia en un ecosistema diseñado por plataformas para captar usuarios desde edades tempranas. Para muchos, el problema no es la herramienta en sí misma, sino la necesidad de crear estrategias de salud pública y criterios pedagógicos que diferencien entre la utilidad educativa de la tecnología y la adicción a las redes sociales, protegiendo al mismo tiempo el tiempo necesario para el juego, el movimiento y la construcción de vínculos fuera de la pantalla.