El aguinaldo, una herramienta clave para el bolsillo de los trabajadores en relación de dependencia, se divide en dos cuotas anuales cuyo pago debe completarse cada 30 de junio y 18 de diciembre. A pesar de los cuestionamientos que surgieron en los últimos años —donde se instaló la idea falsa de que las empresas «retienen» una parte del salario mensual—, la realidad es que el Sueldo Anual Complementario (SAC) es una conquista consolidada por ley. Expertos coinciden en que no existe evidencia alguna que sugiera que la derogación de este beneficio derivaría en un aumento proporcional de los sueldos mensuales, ya que el salario es el resultado de negociaciones colectivas y no de una división matemática preestablecida.
La normativa vigente, consolidada en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) N°20.744 y actualizada por la Ley N°23.041, establece que el SAC debe calcularse como el 50% del mejor sueldo bruto del semestre. Para realizar este cálculo correctamente, los trabajadores deben considerar los conceptos remunerativos y excluir aquellos no remunerativos, como los pagos por ropa de trabajo. Dado que la ley otorga un plazo de gracia de cuatro días hábiles, el vencimiento efectivo para la primera cuota de 2026 opera este lunes 6 de julio. Este derecho alcanza a trabajadores en relación de dependencia del sector público y privado, además de jubilados, pensionados y beneficiarios de pensiones no contributivas.
La historia detrás del aguinaldo revela una resistencia patronal inicial que fue superada por la presión sindical. Desde su institucionalización definitiva en 1946, el beneficio ha sido objeto de diversos debates, pero su estructura legal actual no deja lugar a ambigüedades: se trata de un derecho irrenunciable. La idea de que el aguinaldo funciona como una «estafa» confunde el concepto de doceava parte —mencionado originalmente en la LCT de 1974— con una supuesta retención mensual, cuando en la práctica, el monto final está determinado por la mejor remuneración del semestre, lo que constituye una ventaja para el trabajador frente a una suma lineal.
Sin embargo, el acceso a este derecho está limitado por la realidad del mercado laboral argentino. Según la última Encuesta Permanente de Hogares (EPH), la informalidad alcanzó al 44,2% de la población, un aumento significativo respecto al año anterior. Esto implica que millones de trabajadores no percibirán el SAC, ya sea por desempeñarse en el sector informal o bajo contratos fraudulentos de monotributo que encubren una relación de dependencia real.

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