El flamante jefe de Gabinete inició su gestión con una ronda de conversaciones en la que la reforma electoral ocupó el lugar central, revelando una falta de consenso con los gobernadores aliados respecto a los alcances del proyecto impulsado por Javier Milei. Aunque existe un acuerdo sobre la necesidad de realizar cambios en el sistema, los mandatarios provinciales han dejado claro que no respaldarán la eliminación o suspensión de las Primarias (PASO) bajo el formato actual de la Casa Rosada. Este escenario obliga a una intensificación de las negociaciones políticas en un Congreso donde el oficialismo requiere de voluntades externas para avanzar con sus prioridades.
La estrategia de Santilli para esta nueva etapa se apoya en un vínculo institucional más estrecho con los gobernadores, intentando separar los reclamos por recursos, infraestructura y obras públicas de la discusión parlamentaria. La urgencia del oficialismo por aprobar una serie de leyes clave —entre ellas los cambios vinculados a la propiedad privada, pliegos judiciales y la Ley Hojarasca— obliga al nuevo jefe de Gabinete a equilibrar la ambición legislativa con las demandas territoriales. A diferencia de las gestiones anteriores, el Ejecutivo busca ahora profundizar los canales de diálogo para definir en qué distritos es posible la cooperación y en cuáles la confrontación electoral es inevitable.
El oficialismo mantiene la intención de competir en 2027 bajo el sello de La Libertad Avanza en la mayor parte del país, pero bajo un diseño electoral que prioriza los distritos de mayor peso político. La meta es alcanzar entendimientos legislativos con mandatarios provinciales que, a pesar de ser competidores en las urnas, resultan votos clave para el avance de las reformas estructurales en el Congreso. Esta lógica, similar a la aplicada en el proceso electoral de 2025, busca evitar conflictos institucionales innecesarios en provincias donde el Ejecutivo carece de una estructura partidaria desarrollada, intentando asegurar la gobernabilidad sin sacrificar la identidad política del espacio.
La jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, ha calificado a la reforma electoral como una prioridad absoluta, confirmando que la presión legislativa se mantendrá firme. Sin embargo, el margen de maniobra de la Casa Rosada dependerá exclusivamente de la capacidad de Santilli para transformar las diferencias técnicas en acuerdos políticos aceptables para los gobernadores. En las próximas semanas se definirá si el Gobierno logra amalgamar sus reformas electorales con las expectativas de los aliados provinciales o si, por el contrario, la eliminación de las PASO se convertirá en un obstáculo infranqueable para su agenda parlamentaria.
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