Expectativa en la CGT: ¿puede el ascenso de Santilli desactivar el conflicto con el Gobierno?

La llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete abre un paréntesis en la tensa relación entre la Casa Rosada y el movimiento obrero. Mientras el Gobierno prioriza la agenda de reformas y el orden fiscal, en la CGT confían en que el perfil negociador del exministro porteño permita abrir canales de diálogo que hasta hoy parecían cerrados. Pese a este optimismo moderado, los gremialistas advierten que la desconfianza persiste ante la influencia de los hermanos Milei y que el cronograma de protestas para rechazar la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral no se detendrá hasta obtener gestos concretos.

Dentro de la central obrera, el sector dialoguista ve en Santilli una figura que rompe con la «matriz más dura» del oficialismo. La memoria colectiva de los sindicalistas guarda como antecedente positivo la actitud del dirigente durante la conferencia industrial de la UIA, donde mantuvo una postura abierta respecto a las modificaciones en la reforma laboral. Aquel trámite parlamentario, que incluyó la preservación de las cuotas solidarias y la exclusión de artículos que afectaban los ingresos de las obras sociales, fue una muestra de la capacidad de maniobra que el nuevo Jefe de Gabinete supo desplegar en el pasado. Ahora, la expectativa es que esta capacidad se traduzca en una mediación necesaria frente a un decreto reglamentario que, según la CGT, restringe excesivamente la negociación colectiva.

El gran interrogante es si Santilli tendrá la autonomía política necesaria para buscar una tregua. Aunque desde su entorno aseguran que el tema de la relación con los sindicatos «se va a meter» en la agenda de trabajo —pese a no estar entre las prioridades inmediatas—, el dirigente estará condicionado por la línea política que marquen el asesor Santiago Caputo y la secretaria general, Karina Milei. Para los gremios, el desafío es mayúsculo: se enfrentan a un Ejecutivo que ha incorporado herramientas legales para limitar el derecho a huelga mediante la imposición de servicios mínimos obligatorios (del 50% al 75%) en áreas esenciales como el transporte, la salud y la educación, buscando evitar la parálisis total del país.

Por lo pronto, la CGT no baja la guardia. El plan de acción decidido la semana pasada busca replicar las protestas «a la francesa», consistentes en paros sectoriales y rotativos, secuenciados semana a semana, con el objetivo de mantener la presión sin agotar los recursos de los trabajadores. Esta estrategia culminaría en una huelga general si la Casa Rosada no muestra voluntad de revisar el decreto reglamentario que, a ojos de los sindicatos, vulnera derechos fundamentales. La pelota está ahora en el campo de Santilli, quien deberá demostrar si su impronta negociadora, forjada en años de gestión en la Ciudad de Buenos Aires, alcanza para pacificar un conflicto que parece entrar en su fase más crítica.