Radiografía del colapso: los intendentes denuncian que el ajuste nacional vació los comedores

La Federación de Municipios elevó un duro informe a Economía denunciando el abandono de la asistencia social. Con ingresos un 11% más bajos y sin subsidios, los distritos advierten por la paz social.

La dirigencia municipal de todo el país presentó un documento institucional ante el Ministerio de Economía donde detallan el estado de emergencia total que atraviesan los gobiernos locales. En el texto, califican la situación como una «asfixia financiera» deliberada por parte del Gobierno Nacional que pone en riesgo la vida institucional de las comunas.

El relevamiento estadístico de la FAM arroja números alarmantes para la provincia de Buenos Aires y el interior. La coparticipación federal sufrió una retracción del 11% en el primer trimestre de 2026, lo que representa una pérdida de recursos que impacta directamente en la operatividad de los distritos. A este recorte se suma un dato que los intendentes consideran una injusticia distributiva: el Estado Nacional acumuló 3,5 billones de pesos mediante el Impuesto a los Combustibles, pero esos fondos se encuentran retenidos en las arcas centrales en lugar de destinarse a la reparación de rutas o al sostenimiento de un transporte público que sufre por el alto costo del gasoil.

La crisis productiva es el otro gran motor de la caída. El informe confirma que 22.000 empresas han dejado de funcionar en todo el país, destruyendo la base de recaudación local y aumentando el desempleo. Esta parálisis se trasladó también al sector turístico, que registró una de las temporadas más bajas de las últimas dos décadas debido al encarecimiento de servicios básicos y la merma del consumo.

Sin embargo, el punto de mayor fricción es el plano humanitario. Los jefes comunales denuncian que, mientras la necesidad de alimentos en los barrios se incrementó un 100%, la Nación ha interrumpido el suministro de insumos básicos desde hace dos años. Esta desprotección se agrava con la quita de beneficios para jubilados, quienes hoy no pueden costear medicamentos esenciales, y la suspensión de pensiones no contributivas para personas con discapacidad, delegando toda la carga asistencial en los presupuestos municipales, que ya se encuentran al borde del agotamiento.

Para frenar esta tendencia, la FAM reclamó formalmente la apertura de una instancia de negociación que permita normalizar las transferencias, restituir los subsidios al transporte y garantizar la provisión de comida para los sectores más vulnerables de nuestras comunidades.