La Secretaría de Trabajo, bajo la gestión de Julio Cordero, iniciará esta semana una convocatoria masiva a sindicatos y cámaras empresarias con el objetivo de renegociar más de cien convenios colectivos que han perdido su vigencia
La medida, que se inscribe en la reciente reglamentación de los decretos 407 y 408, busca implementar cambios estructurales en la jornada laboral, el cálculo de horas extras y la adopción de esquemas de productividad, frente a un sindicalismo que advierte sobre una regresión en los derechos laborales y no descarta la convocatoria a nuevas medidas de fuerza general.
El corazón de la estrategia oficial radica en la aplicación del principio de fin de la «ultraactividad», que faculta al Estado para intervenir en la actualización de acuerdos que habían quedado desfasados de las dinámicas productivas actuales. El cronograma impuesto por el Ejecutivo establece un plazo perentorio: el 1 de enero de 2027 como fecha límite para que las nuevas condiciones contractuales estén plenamente operativas. Entre las modificaciones más significativas que se pretenden discutir se encuentran la implementación del «banco de horas», la extensión de la jornada de trabajo y la transición hacia salarios basados en indicadores de productividad, un punto que es rechazado de plano por el Frente Sindical de Unidad (FreSU), compuesto por organizaciones como la UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, ATE y las dos CTA.
El marco normativo, defendido por el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, bajo la premisa de fomentar la «libertad sindical» y desmantelar lo que denomina «monopolios eternos», introduce reglas de juego rígidas para la representatividad. Solo podrán participar de las negociaciones aquellas entidades que acrediten un piso mínimo de representación del 10% de los trabajadores del sector, mientras que se facilitó la inscripción de gremios de empresa o grupos de empresas frente a las estructuras tradicionales con personería. La tensión se acrecienta porque, mientras algunos sectores patronales y gremiales mantienen canales de diálogo aceitados que permitirían una transición técnica, otros núcleos enfrentan una resistencia frontal que amenaza con trasladar la disputa al terreno judicial y a las calles, complicando el objetivo del Gobierno de modificar el paradigma de las relaciones laborales en tiempo récord.
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