El bloque opositor exige interpelar al jefe de Gabinete y solicita detalles sobre el rol de organismos nacionales. Las sospechas apuntan a una presunta coordinación oficial y a la intervención del asesor presidencial Santiago Caputo.
La salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos a través del territorio argentino desató un nuevo frente de alta tensión política para la Casa Rosada, que ya anticipa una fuerte ofensiva opositora en el Congreso y posibles coletazos en la relación diplomática con la administración de Luiz Inácio Lula da Silva. Tras confirmarse el paso del senador brasileño por Puerto Iguazú y su posterior vuelo privado rumbo a Miami, diversos sectores de la oposición comenzaron a articular pedidos de informes y solicitudes de interpelación para esclarecer el grado de conocimiento y la presunta participación de funcionarios del Gobierno nacional en la maniobra.
En el plano parlamentario, el diputado Agustín Rossi lideró la presentación de un proyecto de resolución para interpelar al jefe de Gabinete, Diego Santilli, incorporando una serie de interrogantes sobre los controles migratorios, la autorización del vuelo y la intervención de fuerzas federales. En paralelo, el legislador Esteban Paulón requirió documentación detallada sobre los registros migratorios, los planes de vuelo de la empresa Baires Fly y las comunicaciones oficiales mantenidas entre el 25 y el 28 de octubre. Las miradas opositoras también se centraron en la figura del asesor presidencial Santiago Caputo, a quien se busca investigar ante versiones sobre su presunta presencia y coordinación logística en la terminal aérea misionera.
Mientras la Cancillería brasileña (Itamaraty) evitó descartar medidas diplomáticas y remitió la situación a las decisiones del Supremo Tribunal Federal, dentro del propio oficialismo se cruzaron versiones disímiles sobre el episodio. Mientras sectores de la administración negaron tajantemente cualquier intervención oficial en la logística, otras fuentes gubernamentales reconocieron la existencia de una coordinación estratégica previa. Con interrogantes abiertos en torno a una supuesta escolta de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y los documentos válidos presentados en la frontera, el Ejecutivo enfrenta un escenario de creciente presión política y parlamentaria.
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