13 agosto, 2026

Tras el paro portuario, oficializan la rebaja de tarifas y se abre una mesa intersectorial

La medida responde al acuerdo alcanzado luego de que el conflicto afectara el abastecimiento y dejara cientos de barcos detenidos. El decreto de desregulación quedó suspendido temporalmente.

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) dispuso una reducción del 20% en las tarifas máximas de practicaje y pilotaje, una medida que integra el entendimiento alcanzado con el sector para levantar el paro portuario que tuvo lugar esta semana en rechazo al decreto de desregulación de la actividad.

La decisión quedó plasmada en la Resolución 46/2026, publicada en el Boletín Oficial, en el marco del acuerdo que permitió encauzar el conflicto que había afectado la operatoria fluvial y marítima en los últimos días. La resolución establece la instrumentación del recorte tarifario y determina que la rebaja se aplicará sobre los valores vigentes desde 2018. La disminución comenzó a regir de manera inmediata con carácter transitorio, manteniéndose vigente únicamente mientras continúe la suspensión temporal del cuestionado decreto.

El origen de la disputa y los puntos del acuerdo

El conflicto comenzó el sábado 1° de agosto tras la publicación del Decreto N° 690/26, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro Federico Sturzenegger, el cual introdujo cambios en el régimen vigente desde 1991. Entre las modificaciones, la norma creó un registro abierto de profesionales bajo la órbita de la Prefectura Naval Argentina (PNA), habilitó la libre elección de prestadores y otorgó a la ANPyN la potestad de fijar tarifas máximas para fomentar la competencia.

Desde el Ministerio de Desregulación señalaban que el practicaje argentino figuraba entre los más caros del mundo: un buque Panamax en el Río de la Plata abona USD 16.903, superando ampliamente los costos de terminales en Europa o Estados Unidos.

Sin embargo, la medida desató un fuerte rechazo gremial que paralizó los puertos del país, dejando a más de 185 buques varados y comprometiendo el suministro de combustibles y contratos energéticos vinculados a proyectos como Vaca Muerta Oil Sur (VMOS). Ante las pérdidas millonarias diarias por cada barco detenido, el Gobierno intimó a los trabajadores y finalmente encauzó la crisis mediante un acta que contempló:

  • La reactivación de la prestación del servicio de manera regular.
  • La suspensión de los efectos del Decreto Nº 690/26.
  • La conformación de una mesa intersectorial para redactar un nuevo reglamento.
  • La disminución en un 20% de las tarifas vigentes.