Durante la reunión de la Cuarta Comisión, la delegación norteamericana calificó al organismo de obsoleto y criticó sus gastos, aunque la medida afecta directamente el foro donde la Argentina exige retomar el diálogo con el Reino Unido.
En medio de la disputa bilateral entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas, Estados Unidos solicitó poner fin al mandato del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas (C-24), el organismo encargado de instar anualmente a ambas naciones a retomar las negociaciones por la soberanía del archipiélago. El planteo fue formulado por una representante de la administración de Donald Trump durante una sesión de la Cuarta Comisión de la Asamblea General, donde se aprobaron más de veinte proyectos de resolución sobre descolonización. Si bien no se votó formalmente una disolución, la funcionaria argumentó que el comité “ha sobrevivido a su propósito original” y calificó sus giras como un “desperdicio de tiempo y recursos”.
Si bien la delegación estadounidense no mencionó explícitamente a las Islas Malvinas durante su exposición, la medida toca de lleno los intereses diplomáticos de la Argentina, que cada año utiliza este foro para exigir que el Reino Unido cumpla con las resoluciones de la ONU y vuelva a sentarse a negociar. Cabe recordar que el gobierno británico administra diez de los 17 territorios no autónomos que supervisa el comité, y recientemente la tensión escaló debido a la explotación unilateral de hidrocarburos en la zona y los reclamos judiciales presentados por Buenos Aires ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
La postura de Washington se enmarca en la directriz de la administración Trump de reducir el financiamiento, achicar el personal y reformar la estructura operativa de las Naciones Unidas. Este debate en el ámbito multilateral se da en paralelo a las iniciativas internas de la Casa Rosada, que envió al Congreso un proyecto de Ley de Soberanía para sancionar a empresas que operen en la exploración petrolera ilegítima en las aguas en disputa, mientras el presidente Javier Milei mantiene una postura crítica hacia la eficacia del organismo internacional.
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