El servicio de colectivos en el AMBA atraviesa horas de incertidumbre luego de que la Unión Tranviarios Automotor (UTA), bajo la conducción de Roberto Fernández, formalizara una advertencia ante el Ministerio de Economía ante la falta de avances en las negociaciones salariales.
El sindicato reclamó la intervención directa del ministro Luis Caputo para destrabar una paritaria que considera paralizada, advirtiendo que, de persistir la falta de definiciones, la «paz social peligra», lo que deja la puerta abierta a una medida de fuerza de alcance nacional.
El conflicto refleja una tríada de intereses contrapuestos que dificulta cualquier salida a corto plazo. Por un lado, el Gobierno nacional mantiene una política de subsidios orientada a la eficiencia del gasto y la previsibilidad del sistema, resistiéndose a incrementar las partidas destinadas a cubrir nuevos desfasajes salariales. Por otro lado, las cámaras empresarias del sector alegan que sus estructuras de costos operativos se encuentran al límite, sosteniendo que los ingresos actuales, derivados de la tarifa y las transferencias estatales, son insuficientes para convalidar las recomposiciones salariales que exige el gremio. En medio de esta puja, la UTA ha decidido endurecer su postura, declarándose en estado de alerta permanente y supeditando la continuidad de la prestación del servicio a una respuesta gubernamental que satisfaga las demandas de los choferes.
Aunque la organización sindical evitó confirmar una fecha precisa para la huelga, la presentación de la nota formal en el Palacio de Hacienda marca un punto de inflexión donde el margen de maniobra se reduce drásticamente. El gremio sostiene que el malestar en las bases va en aumento y que la falta de una mesa de diálogo resolutiva podría derivar, en los próximos días, en un paro de colectivos de gran magnitud. Mientras los usuarios del AMBA permanecen a la espera de definiciones, la atención se concentra en las próximas horas, donde las gestiones políticas y la disposición de la cartera económica serán determinantes para evitar una interrupción del transporte público que, de concretarse, afectaría la movilidad de millones de trabajadores y estudiantes en toda la región.
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