Sin diálogo con la CGT: el Gobierno prepara una reforma sindical profunda para después del Mundial

Tras la masiva marcha a Plaza de Mayo, la Casa Rosada descartó cualquier acercamiento con la central obrera. El Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto para limitar las cuotas solidarias y las contribuciones patronales, puntos que habían sido eliminados de la reforma laboral.

El clima entre el Gobierno Nacional y el sindicalismo entró en una fase de «guerra fría» con final anunciado. Luego de los duros discursos de la CGT en la previa del Día del Trabajador, el Ejecutivo confirmó que no hay reuniones previstas y que la estrategia oficial ahora es netamente ofensiva. Según confirmaron fuentes de Balcarce 50, ya se trabaja en una reforma sindical integral que ingresará al Congreso en el segundo semestre del año, una vez finalizado el Mundial, con el objetivo de retomar los cambios estructurales que quedaron fuera de la reciente Ley 27.802.

La bronca en el entorno de Javier Milei radica en la judicialización que la CGT llevó adelante contra la reforma laboral. Por eso, el plan para la segunda mitad del año apunta directo a la «caja» y al funcionamiento de los gremios. El proyecto volvería a la carga con la idea de que la retención de cuotas de afiliación sea facultativa y requiera el consentimiento expreso de cada trabajador, eliminando el descuento automático que hoy beneficia a las estructuras sindicales.

Además, el oficialismo insistirá con reducir del 6% al 5% la contribución patronal a las obras sociales, un punto de conflicto sensible que el Gobierno cedió en la negociación legislativa previa pero que ahora busca reflotar. El paquete legislativo también incluiría cambios en el Código Civil y Comercial para endurecer el régimen de personas jurídicas y asociaciones civiles, impactando en el esquema de elección de autoridades y la transparencia de las estructuras intermedias.

«Vamos a mandar la reforma cuando hayamos ordenado otros frentes», aseguran desde Nación, dejando claro que la tregua es inexistente. La apuesta es sostener la presión en los tribunales por la reforma ya sancionada y, mientras tanto, pulir la letra chica de una ley que promete una batalla feroz en el Congreso con el bloque de Unión por la Patria y los sectores aliados que tienen vínculos con el gremialismo.

Con este escenario, el segundo semestre asoma como el periodo de mayor conflictividad gremial. El Gobierno confía en que, tras ordenar las variables macroeconómicas, tendrá el capital político suficiente para avanzar sobre el modelo sindical argentino, un objetivo que el propio Milei considera fundamental para «desregular la economía de fondo».