Federico Nicolás Balbuena, de 34 años, fue escrachado a través de videos virales donde agrede a su expareja. La Justicia allanó su domicilio y secuestró armas de fuego. El acusado cuenta con antecedentes por estafa y otras denuncias por violencia de género.
La localidad bonaerense de Pilar se encuentra conmocionada tras la viralización de imágenes que muestran a Federico Nicolás Balbuena (34) golpeando brutalmente a quien fuera su pareja durante cinco años. La víctima, Camila Natalia, rompió el silencio y presentó una denuncia formal ante la UFI N°14 de Pilar, especializada en violencia de género, acusándolo de agresiones físicas, amenazas y abuso sexual.
Balbuena, propietario de la agencia «Car Center Adjudicados» de Luján, mantenía un vínculo laboral con la víctima incluso después de su separación en 2024. Según el expediente a cargo de la fiscal Marcela Semería, la violencia no solo era física sino también psicológica, con testimonios de empleados que presenciaron maltratos y denigraciones constantes en el ámbito laboral.
En enero de este año, un allanamiento en el domicilio de Balbuena permitió el secuestro de dos pistolas Glock calibre 9 milímetros, legalmente registradas a su nombre. El perfil judicial del agresor es complejo: registra al menos cuatro denuncias previas por estafa y otra denuncia por abuso sexual en una jurisdicción distinta. Actualmente, su defensa intenta impugnar las pruebas audiovisuales que circularon en las redes sociales, mientras la fiscalía evalúa ampliar la declaración de la víctima.
El caso se inscribe en un contexto alarmante para la provincia de Buenos Aires, que encabeza las estadísticas de violencia de género en el país. Según el Observatorio «Adriana Marisel Zambrano», solo en el primer trimestre de 2026 se registraron 68 femicidios, de los cuales el 61% fueron cometidos por parejas o exparejas de las víctimas, reforzando la necesidad de una intervención judicial urgente en casos de este perfil.
Mientras avanza la investigación por el abuso denunciado en mayo de 2025, la comunidad de Pilar y Luján sigue de cerca el proceso, exigiendo justicia por un caso que expone, una vez más, el peligro latente en los ámbitos privados. La fiscalía analiza ahora nuevos informes médicos vinculados a una internación de la víctima tras uno de los ataques.

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