Paquete en cuotas: por falta de respaldo legislativo, el Gobierno enviará por separado la reforma del Banco Central

No están seguros de los respaldos legislativos que pueda tener la reforma del Código Penal y la inclusión de un cierre de la administración. El Presidente hará el anuncio sobre la Carta Orgánica de la entidad mañana con un mensaje grabado por cadena nacional.

Mientras tantea el nivel de apoyos legislativos para el proyecto que más entusiasma a Javier Milei, el Gobierno evalúa enviar en partes y en momentos distintos el paquete que engloba la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), un eventual cierre de la administración y una posible penalización para quienes recurran a la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal.

Las “baterías” de proyectos de ley suelen girarse al Congreso de una vez. Sin embargo, en este caso, si bien señalan que se trata de un “paquete”, en el Ejecutivo reconocen que deberán mandarlo por segmentos y en diferido debido a la falta de apoyos y a las dudas en torno a la letra chica. Primero avanzarán con la reforma de la Carta Orgánica de la entidad monetaria, mientras que el segundo tramo de las reformas —que englobaría un “shutdown” y cambios en el Código Penal— se enviaría hipotéticamente dentro del segundo semestre, pero sin fecha definida.

Las tres iniciativas son parte de un mismo combo que anunciará el presidente mañana. El jefe de Estado grabará un mensaje desde el Salón Blanco de Balcarce 50, que luego será emitido por cadena nacional, decidido a darle toda la relevancia posible a un plan que considera “estructural”.

Desde el oficialismo explican que la división de proyectos responde a una estrategia de “no mezclar”. En esa línea, los operadores parlamentarios reconocen que no están los apoyos para todo el combo y prefieren asegurarse de que la reforma del Banco Central sea aprobada sin sobresaltos. Según aseguran, este segmento central tiene “mucho envión” y estiman que puede salir relativamente fácil.

Distinto es el panorama para el proyecto de cierre administrativo, que en principio consistiría en obligar a los gobiernos a pasar por el Congreso para aprobar cualquier aumento del presupuesto por fuera de lo planificado, bajo apercibimiento de forzar el cierre de áreas de la administración. Ante la alarma opositora, aclararon que en la letra chica quedarían exceptuados los llamados gastos gatillo —seguridad, salud y educación—, afectando “sólo” gastos corrientes o pagos a proveedores. No obstante, el detalle de este punto aún no está definido, lo que demora su presentación. “Hay que ver el alcance de lo que vamos a entender por cierre del gobierno”, reconocen, admitiendo que junto con el Código Penal es el frente más sensible y el que puede traer mayor resistencia.

Todavía resta definir el ingreso parlamentario por el Senado o Diputados, donde cumplen roles centrales figuras como Patricia Bullrich —quien acuerda con el primer tramo— y Martín Menem. El objetivo es evitar que estas discusiones enturbien las negociaciones paralelas con los gobernadores, a quienes Karina Milei y Diego Santilli buscan convencer para apoyar la eliminación de las elecciones Primarias.

El proyecto, armado por Milei junto a Luis Caputo, Federico Sturzenegger y el titular del BCRA, Santiago Bausili, tendrá un fuerte impacto sobre la independencia de la autoridad monetaria y el financiamiento del Tesoro. A priori, se apoya en la modificación del artículo tres de la Carta Orgánica vigente —que habilita un mandato múltiple incorporado en 2012— y en la prohibición de los adelantos transitorios al Tesoro. “No sabemos bien aún cómo vamos a hacer la tipificación del delito”, admitió una fuente con conocimiento del proyecto.