La Cámara de Diputados bonaerense avanzó con cuatro proyectos para abordar la temática, que ahora deberán ser aprobados en el Senado para convertirse en ley. Los matices entre los legisladores de Kicillof y de Máximo Kirchner, de fondo.
La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó por media sanción un paquete de cuatro proyectos orientados a regular los créditos de consumo, limitar las cobranzas abusivas y establecer mecanismos de reestructuración de deudas. Las iniciativas llegan en un contexto de incremento de la mora: según datos del Banco Central, la irregularidad en los préstamos a familias trepó al 12,8% en junio y al 12,9% en julio de 2026.
La aprobación se concretó con el voto del bloque oficialista de Fuerza Patria —que logró matizar las diferencias internas exhibidas previamente entre los sectores que responden a Axel Kicillof y a Máximo Kirchner—, sumando el acompañamiento de bloques dialoguistas como Nuevos Aires y Unión y Libertad. Por el contrario, La Libertad Avanza y el PRO rechazaron las iniciativas al considerar que se trata de cuestiones federales e injerencias provinciales sobre asuntos entre privados.
Los puntos centrales de las iniciativas aprobadas:
- Instancia prejudicial: Uno de los proyectos principales, impulsado por Facundo Tignanelli, otorga a la Defensoría del Pueblo bonaerense la potestad de generar instancias prejudiciales obligatorias antes de iniciar acciones de cobro judicial, un punto que generó debates internos sobre las competencias del organismo.
- Modificación al Código de Consumo: Se aprobó un texto unificado para reforzar la protección en la contratación de créditos, regular la publicidad financiera, educar contra el sobreendeudamiento e incorporar regulaciones específicas para créditos otorgados por plataformas digitales (exigiendo transparencia en decisiones automatizadas).
- Prohibición de hostigamiento: Se fijaron resguardos estrictos frente a prácticas de cobranzas abusivas y trato indigno en reclamos extrajudiciales.
- Reestructuración de deudas: Se avaló un régimen judicial destinado a ofrecer herramientas a aquellos consumidores cuyas obligaciones financieras superen su capacidad de pago.
Los proyectos girarán ahora al Senado bonaerense, presidido por la vicegobernadora Verónica Magario, para su debate y eventual sanción definitiva.
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