La caída del poder adquisitivo empuja a los mayores de 65 años a reinsertarse en el mercado laboral, principalmente a través de «changas» y el cuentapropismo. En el Gran Buenos Aires, la participación de jubilados activos ya supera el 5,4%, reflejando una estrategia de supervivencia ante la crisis.
La realidad económica de la Argentina está forzando un cambio drástico en la fisonomía del mercado de trabajo. Según un reciente informe de la consultora Politikon Chaco, basado en datos del Indec, ya son 686.160 las personas de 65 años o más que continúan trabajando en los grandes centros urbanos del país. La cifra representa un incremento del 32,6% respecto a 2016, consolidando a este rango etario como el de mayor crecimiento laboral, muy por encima de los jóvenes, cuya participación se encuentra estancada.
El fenómeno no responde a una elección de «envejecimiento activo», sino a una necesidad imperiosa de cubrir gastos cotidianos que el haber jubilatorio ya no alcanza a solventar. El estudio destaca que casi la mitad de estos trabajadores (48,1%) se desempeña de manera independiente o bajo el formato de cuentapropismo, alcanzando los niveles más altos de la última década. Sectores como el comercio minorista de alimentos, la construcción y los oficios son los principales refugios para quienes deben complementar sus ingresos.
La precariedad es el denominador común de esta tendencia. Mientras que en 2016 el empleo formal predominaba en esta franja, en 2025 la informalidad escaló hasta el 55,7%. Esto implica que la mayoría de los adultos mayores activos se desempeña en puestos sin aportes, cobertura médica ni estabilidad, ocupando el lugar de las denominadas «changas» que anteriormente realizaban sectores más jóvenes.
En la provincia de Buenos Aires, el impacto es dispar pero significativo. En el Gran Buenos Aires (GBA), los jubilados representan el 5,4% del total de ocupados, mientras que en ciudades como Mar del Plata y San Nicolás la cifra ronda el 5,1% y 5,2% respectivamente. Estos números sitúan a la región en sintonía con la media nacional, evidenciando que la crisis de los ingresos previsionales es un problema transversal que afecta con fuerza al territorio bonaerense.
El retroceso del empleo asalariado estable frente al avance de la informalidad entre los mayores de 65 años marca una señal de alarma para el sistema de seguridad social. Sin una recomposición real de los haberes, el «retiro» parece convertirse en un concepto del pasado para miles de bonaerenses que, a pesar de haber cumplido su ciclo laboral, deben seguir en la calle para llegar a fin de mes.
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