El traspié con la reforma de la ley de Tierras desnudó duras disputas en el Gobierno. Bullrich, Sturzenegger y el entorno de Karina Milei quedaron en el centro de la mira por fallas en la negociación y falta de acuerdos con los gobernadores.
El obligado retiro del capítulo de reforma de la ley de tierras que impulsaba Javier Milei desató una andanada de pases de factura cruzados dentro del Gobierno.
Mientras la postura oficial de la Casa Rosada apuntó directamente contra Victoria Villarruel —a quien ya consideran un miembro más de la oposición— y exculpó a Patricia Bullrich con la excusa de que «son negociaciones, puede pasar», por lo bajo corrían intensos cuestionamientos mutuos entre los distintos campamentos de La Libertad Avanza.
Villarruel no salió indemne, al igual que el autor del proyecto, Federico Sturzenegger, quien también acumuló críticas por su rol en el conflicto portuario que dejó decenas de buques frenados. En paralelo, los principales asesores de Karina Milei, la dupla de los Menem, fueron blanco de reproches: los sectores leales a Bullrich los culparon de no saber «porotear» y de fallar en la venta anticipada de los votos. Del lado de las «Fuerzas del Cielo», en cambio, devolvieron los dardos y criticaron la estrategia electoral de Karina Milei y sus operadores riojanos por no ofrecer garantías ni acuerdos concretos a los gobernadores provinciales.
A pesar de los múltiples malestares, tensiones por la falta de prolijidad en los nombres propios —como el caso del senador Joaquín Benegas Lynch y su vinculación con la venta de tierras a extranjeros— y las quejas contra la ambición de los proyectos de Sturzenegger, el oficialismo no prevé rupturas públicas. El Ejecutivo necesita de Bullrich de cara al año electoral, respalda sin fisuras a los Menem y mantiene a Sturzenegger como uno de los ministros favoritos del Presidente, apostando a enfocar la agenda parlamentaria en reformas estructurales clave mientras intenta minimizar los costos políticos del traspié.

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